Una de las confesiones que movió el capitolio nacional fue la del hoy congresista Julián Gallo Cubillos, ‘Carlos Lozada’, quien reconoció su participación directa en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido en 1995.
Una de las primera reacciones del Gobierno Nacional llegó por medio de Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, quien le dijo a El Tiempo que el “Gobierno colombiano, en ejercicio del seguimiento y cumplimiento al Acuerdo de Paz, le solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que de acuerdo con lo consagrado en la Ley Estatutaria del mismo, se evalúe la compatibilidad del ejercicio del cargo de senador de Julián Gallo, con el reconocimiento que acaba de hacer”.
El alto funcionario del Gobierno Nacional agregó que en ese orden de ideas, la JEP debe señalar si procede la restricción a las libertades de movilidad y residencia, luego del reconocimiento del crimen. Esas restricciones se extenderían a Pablo Catatumbo, también legislador, quien suscribe la carta en la que la exguerrilla reconoce la autoría del magnicidio, la cual fue revelada la semana anterior.
Según el Alto Comisionado para la Paz, también se debe establecer si alias ‘el profe’, el guerrillero que disparó, está vivo y no muerto, como lo dice ‘Carlos Lozada’.
La versión del ex-Farc señala que la orden de matar al líder conservador llegó directamente del bloque Oriental, la facción militar más grande de la exguerrilla, comandado por Jorge Briceño, Suárez alias ‘el Mono Jojoy’.
Y agrega que la instrucción fue recibida por ‘Carlos Lozada’, líder de la red urbana. Incluso identificó al gatillero: alias el Profe que, dice, aún está vivo.
Al respecto, Lozada le admitió el martes en la noche a El Espectador esta versión, pero aseguró que todos los que participaron, están muertos.