Abecé de cómo se defrauda el sistema del SOAT en Colombia

Por medio de falsos accidentes de tránsito, cobros excesivos en procedimientos médicos, sobrecostos en material de osteosíntesis, cobros dobles, excesos de protocolos, pólizas prestadas o cargos de varios accidentes a una misma póliza, se está estafando la plataforma del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), cuales detectó Fasecolda.

Según Fasecolda, el fraude que hoy es más grave que la evasión, el cual tiene a las autoridades siguiéndoles los pasos a unas cinco IPS, que estarían detrás de una millonaria estafa al sistema por un valor superior al billón de pesos, según el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

Este cartel de las IPS, dijo Reyes sin mencionarlas, habrían abusado de cobros al máximo tope por incidentes menores, mientras que el gremio asegurador ya ha denunciado ante las autoridades operaciones eminentemente fraudulentas por 485.000 mil millones de pesos.

Pero, ¿cómo operan estos carteles?

En una publicación del periódico El Tiempo, se habla que la corrupción en el sistema no es una problemática nueva en el país e involucra a los usuarios, ambulancias, autoridades de tránsito y las mencionadas IPS en el uso irregular del Soat, tanto así que en varias regiones del país a este seguro se le llegó a conocer como ‘la salud prepagada de los pobres’.

La razón fundamental es que una póliza de seguro obligatorio es lo que en el argot popular se conoce como ‘un cheque al portador’, porque, en palabras de Gómez, “algunas IPS descubrieron que el Soat es un excelente pagador porque tiene en gastos médicos casi de 27 millones de pesos”. Las compañías de seguros están obligadas a pagar a los 30 días. El resto de la cartera del sistema de salud es una cartera a plazos más largos.

Son varias las modalidades de fraude. Una de las más frecuentes es el traslado irregular de víctimas de accidentes de tránsito. Estas deben ser llevadas al lugar más cercano al accidente, pero se han detectado recorridos de más de una hora y de manera inusual a una misma IPS.

Esta es una situación recurrente en muchas ciudades en las que las IPS ofrecen incentivos a las tripulaciones o paramédicos de las ambulancias. Esto es lo que se conoce como ‘la guerra del centavo de las ambulancias’.

Pero esta situación involucra también a algunos agentes de tránsito que trabajan en llave con los paramédicos, que también usan frecuencias de radio de la policía de tránsito para conocer el lugar de los accidentes. “Es un secreto a voces en el medio, las tarifas van desde 30.000 a 300.000 pesos”, dice un conductor de ambulancia que por obvias razones se niega a dar su nombre.

A pesar de las acciones de los centros de despacho de ambulancias, la situación se mantiene. La prueba es que a un accidente llegan hasta dos y tres ambulancias, al punto que esta guerra del centavo hace que en ocasiones los paramédicos se disputen los pacientes en plena vía, y en casos más graves se vean involucrados en accidentes de tránsito.

Otra de las modalidades de fraude es la atención médica por eventos diferentes a accidentes de tránsito, estos casos son muy frecuentes cuando la persona sufre un accidente casero o sufre u na fractura jugando fútbol o practicando un deporte; y la IPS cobra los servicios de atención médica como víctima de accidente de tránsito.

Los cobros dobles o duplicados a las aseguradoras hacen parte del fraude. Una IPS reclama los gastos médicos a dos compañías distintas por la misma víctima de accidente; incluso, se han detectado casos en los que cobran por la atención de un mismo paciente que se accidenta en municipios diferentes el mismo día.

Y la cereza del pastel de este cartel de las IPS está en la prestación de servicios médicos innecesarios y exceso de protocolos innecesarios para aumentar el costo del siniestro hasta agotar el cubrimiento de la póliza del Soat.

En este punto entran las hospitalizaciones innecesarias y servicios no prestados como procedimientos médicos, radiografías, exámenes de diagnóstico que sencillamente no se realizaron; diferencias injustificadas en el costo de las atenciones por procedimientos similares; y cobros de medicamentos y dispositivos para tratamiento de fracturas a precios superiores a los del promedio del mercado.