El 28 de febrero de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP (en adelante SDSJ) aceptó el sometimiento del general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco en relación con su presunta participación en la desaparición de dos miembros de la organización Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (Asfaddes) y su presunta relación con las Autodefensas Unidas de Colombia, hechos por los que se encuentra actualmente privado de la libertad.
Considerando que el sometimiento de los miembros de la fuerza pública a la JEP es integral, esto es, por todos los procesos que se adelantan en su contra-, la SDSJ, mediante pronunciamiento de fecha de hoy, aceptó el sometimiento del referido compareciente por un nuevo proceso penal adelantado ante la jurisdicción penal ordinaria por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de verificar que los hechos se cometieron antes del 1° de diciembre de 2016 y que guardan una relación con el conflicto armado.
Al analizar lo último, la SDSJ concluyó que “la obtención de un enriquecimiento personal no fue el propósito determinante para ejecutar las acciones delictivas por las que es investigado el compareciente”, sino que, por el contrario, “el compareciente se inmiscuyó decidida y permanentemente en la ejecución de conductas que en distintas épocas favorecieron la actividad delincuencial del paramilitarismo”, conclusión a la que también llegaron las fiscalías que conocieron los dos procesos penales que se adelantan en su contra.
En el contexto descrito, la SDSJ concedió a su favor el beneficio de la privación de la libertad en unidad policial, donde continuará privado de la libertad.
Finalmente, considerando que el GR (r) Santoyo Velasco no había presentado su compromiso relacionado con la satisfacción de los derechos a la verdad, reparación y garantías de no repetición a favor de las víctimas, se le ordenó que así lo hiciera y que, en ese marco, respondiera una serie de cuestionamientos, donde se destaca su obligación de aportar verdad plena sobre los “hechos en los que participó o en aquellos en que no lo hizo, pero tuvo conocimiento” relacionados con el conflicto armado y suministrar información sobre los nexos de miembros de la Policía Nacional o de otras instituciones del Estado con grupos armados.
El antiguo alto oficial de la Policía fue condenado en Estados Unidos por sus nexos con grupos paramilitares y el narcotráfico. Volvió a Colombia en abril de 2019 y desde entonces está preso ya que es investigado por varios delitos, entre ellos desaparición forzada, lavado de activos, entre otros.
El general (r) Santoyo hizo parte durante 30 años de la Policía, de donde se retiró en junio de 2009. La Fiscalía General de la Nación señala que, antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, el oficial aceptó voluntariamente que participó en la “interceptación de líneas telefónicas”, en su calidad de “comandante del Gaula Urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones”.