En el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, cada semana fueron asesinados cinco líderes sociales, defensores de derechos humanos o excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación.
Así lo indica un informe realizado por cinco ONG, que afirma que en ese periodo se identificaron 944 homicidios de personas vinculadas a esos sectores.
Las cifras del informe no coinciden con las estadísticas del Gobierno, que señalan en sus más recientes estudios que hasta diciembre del año pasado se tenía reporte de 434 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y, con corte al 26 de febrero de este año, se tenían 245 homicidios de excombatientes.
Es decir, las cifras oficiales tienen 265 personas menos que las del informe, esto a pesar de que tienen información de un periodo más largo.
Más allá de las diferencias de las cifras, que podrían estar asociadas a la caracterización de la víctima, el estudio de las ONG concluye que existen tres patrones alrededor de estos crímenes: sistematicidad, estigmatización e impunidad.
Respecto del último, dice que se han dictado 66 sentencias contra los responsables de estos asesinatos –equivalentes al 7 por ciento del total de los casos registrados por las ONG–, por lo que se criticó la labor de la Fiscalía en el esclarecimiento de estos homicidios.
Aunque la investigación fue presentada a mediados de marzo, apenas hasta ahora sale a la luz el informe completo de la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Comisión Colombiana de Juristas, con el apoyo de Protección Internacional, Oxfam, Diakonia y la Embajada de Suecia.
Según estas organizaciones, los 944 asesinatos que tienen registrados se habrían cometido en 29 de los 32 departamentos del país. La situación más compleja se vive en Cauca, Antioquia, Nariño, Valle y Norte de Santander, donde se presentaron 568 homicidios de líderes sociales y ex-Farc.
Es decir, estos cinco departamentos concentran el 60 por ciento del total de casos a nivel nacional.