Según el informe de tendencias mundiales sobre seguridad de los periodistas de UNESCO, ha habido una disminución del 20% en el número de asesinatos a periodistas entre el 2016 y 2020, comparado con el periodo entre 2011 y 2015. Sin embargo, en Colombia esta tendencia es contraria.
En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. Esto evidencia la violencia contra la prensa y la persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento.
Según un análisis de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) la impunidad en estos crímenes genera un ambiente de permisividad para que los violentos sigan agrediendo a la prensa sin temor a consecuencias. En Colombia, entre 1938 y 2021 han asesinado a 163 periodistas por razones vinculadas a su oficio. En el 78.8% de estos casos no se ha proferido ninguna condena a los responsables y sólo en uno de ellos, el caso de Orlando Sierra, se ha logrado una justicia plena.
El caso más reciente se presentó el 19 de septiembre de este año. El periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá en hechos que aún no han sido esclarecidos, pero sobre los cuales, según pudo conocer la FLIP, existen indicios suficientes para sostener que su homicidio está relacionado con las denuncias que realizaba.
En otros crímenes contra la prensa el panorama es similar. En los últimos cinco años las amenazas han ido en aumento hasta consolidarse como la agresión más recurrente contra periodistas. Durante todo el 2020 la FLIP registró 152 amenazas, y en lo corrido del 2021 van 132. A pesar de algunos avances en las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación mantiene el 98% de los casos de amenazas a periodistas en la impunidad.
Como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el reciente fallo del caso de la periodista Jineth Bedoya, las amenazas no son una agresión menor, pues deben analizarse como indicadores de predictibilidad de hechos de violencia que pueden atentar de manera más grave la integridad de los y las periodistas. Además, la falta de investigación diligente y oportuna de las amenazas puede conllevar a que se cataloguen como tortura.
“A pesar de que el Estado ha implementado estrategias para avanzar en la investigación y sanción de los responsables de estos crímenes, estas han sido insuficientes y no analizan el fenómeno de la violencia de manera integral. La falta de sistemas de información unificados para obtener un diagnóstico real de la problemática, investigaciones que no exploran motivaciones de los victimarios relacionadas con el oficio periodístico, la falta de recursos físicos y de personal idóneos, largos periodos de inactividad procesal, y la ausencia de independencia de los funcionarios, son algunos de los factores que obstaculizan el acceso a la justicia y que originan las altas cifras de impunidad”, dice la fundación.
Las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso de la periodista Jineth Bedoya, constituyen una nueva oportunidad y una hoja de ruta clara para que el Estado avance en la dirección correcta para formular una política integral de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra la prensa, que resulta esencial para el fortalecimiento de una sociedad democrática.
En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 2 de noviembre como Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El alto número de casos de violencia contra medios y periodistas, y los escasos avances judiciales sobre los mismos, justificaban la alarma internacional sobre la magnitud del fenómeno. Ocho años después, en Colombia predomina una impunidad que amedrenta a la prensa e incentiva a los violentos a atentar contra los y las periodistas.