Para que investiguen los delitos cometidos contra servidores y servidoras judiciales en el marco del Conflicto armado y la violencia por décadas, el Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna pidió a la Fiscalía General de la Nación crear una unidad especializada.
Los registros del reclamo de los familiares de 1.262 personas víctimas fueron aportados por el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol), organización social que brinda apoyo a los trabajadores del poder judicial víctimas de la violencia en Colombia.
Según registros de Fasol, Bogotá presenta 284 personas víctimas, siendo el mayor número en esta ciudad, 165 en el Valle del Cauca y 263 personas víctimas en Antioquia. Los principales delitos son: el asesinato, las amenazas, atentados y secuestros, todos, violaciones a los derechos humanos.
En el acto en su Memoria que se realizó en el Museo Nacional de Bogotá, el Ministro Osuna exaltó la vida de estas personas en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
“No podemos salir de este cargo con la frente en alto si no hemos logrado encontrar a los que permanecen desaparecidos, si no hemos logrado erradicar la corrupción y saber quiénes cometen los atentados. Una justicia volcada a la búsqueda y encuentro de la verdad, ese es el propósito de este gobierno”, dijo el titular de la cartera de justicia.
La Agencia para la Cooperación de Estados Unidos (Usaid) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyaron el acto de reconocimiento.
En el acto denominado ‘Justicia Inquebrantable, entregamos memoria, recibimos esperanza’, el Gobierno del Cambio reafirmó su compromiso con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CEV), las cuales indican que se debe “llevar a cabo procesos para preservar la memoria histórica de la violencia ejercida contra el sistema de justicia (…) sus causas y los daños que padecieron.
Reconocimiento y Memoria, de la mano de las víctimas
Los servidores judiciales y sus familias solicitaron fortalecer la política de riesgos laborales y de cuidado a la salud mental de los servidores judiciales; mejorar los análisis de riesgos y medidas de protección adecuadas para contextos con presencia de diferentes actores armados; y programas de apoyo institucional para las familias con necesidades psicosociales y económicas urgentes ante una victimización.
En este 2023 se han realizado cinco encuentros presenciales con 94 servidores judiciales y sus familias de Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cúcuta, Cartagena, Montería, Pasto, San Andrés y Santa Marta; y de algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Meta, Tolima y Valle del Cauca.
También se realizó un encuentro virtual con 20 trabajadores judiciales en el exilio, en el que se escucharon los impactos que ha tenido la violencia en sus vidas y las peticiones sobre medidas de reparación y no repetición.