La Fiscalía General anunció la incautación de una propiedad que previamente había pertenecido a Pablo Escobar. En este lugar, que hasta hace poco albergaba un museo con objetos relacionados con el poderoso narcotraficante, se llevó a cabo el embargo.
La vivienda en cuestión, ubicada en Medellín, habría sido adquirida por Pablo Emilio Escobar Gaviria con los fondos generados por sus actividades como narcotraficante y líder del cartel de Medellín en las décadas de 1980 y 1990, según declaró la Fiscalía en un comunicado publicado hoy.
Esta propiedad había sido registrada a nombre de testaferros y, además de albergar el museo, es también la residencia de Roberto de Jesús Escobar, el hermano de Pablo Escobar. Según el comunicado, Roberto ha ocupado la vivienda de forma continua, realizando mejoras y adaptaciones, y ha logrado que, en los registros públicos, figure a nombre de una mujer como propietaria.
El comunicado señala que se realizaron varios cambios en la titularidad del inmueble con el objetivo de evitar que el Estado confiscara la propiedad. Liliana Donado, directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, informó en que este proceso de investigación fue liderado por la sección de Finanzas Criminales de la Fiscalía, y se estima que el valor de la propiedad es de alrededor de 12.000 millones de pesos, casi 3 millones de dólares.
En fotografías captadas por agentes de la Policía Judicial, se observa el rostro del narcotraficante, una réplica del carriel que habría portado en algún momento, imágenes de cera, una motocicleta de la época y un carro antiguo.
Allí también tendría una estantería donde se habría comercializado supuestas fotocopias de las reliquias familiares de Escobar. Los turistas se las llevaban con la firma de Roberto y las exhibían en las redes sociales para dar cuenta de la visita al círculo cercano del líder del Cartel de Medellín.
Pablo Escobar, conocido como el ‘barón de la cocaína’ desató el terror durante su enfrentamiento con el Estado para evitar la extradición a Estados Unidos. Fue abatido en un operativo en 1993 y se le atribuye la responsabilidad en el asesinato de al menos 5.000 personas, incluyendo civiles, jueces, periodistas, políticos y candidatos, así como cientos de atentados con explosivos en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Pereira.