La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de la extinta Farc-EP por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos.
Esta es la segunda imputación, y la primera regional, que se realiza del Caso 01. La primera fue contra el último Secretariado de las Farc-EP por la política nacional. En esta se llama a reconocer responsabilidad a quienes comandaron la estructura que operó en el sur del Tolima, Quindío y Huila.
Los imputados por la Sala de Reconocimiento son Luis Eduardo Rayo, conocido como ‘Marlon’; Enoc Capera Trujillo, ‘Giovanni’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, ‘Armando Pipas’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, ‘Gonzalo’; Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, ‘Erick’ o ‘el Chivo’; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’ y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como ‘Teófilo’.
La JEP determinó que son máximos responsables por su liderazgo y que ostentaron el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de las comisiones Financiera Manuelita Sáenz y Política René González que componían el Comando Conjunto Central. Así mismo, la Sala determinó que Álvaro Henner López, conocido como ‘J.J’ o ‘Jhon Jairo Paz Guevara’ y Gustavo Bocanegra Ortegón, ‘Donald’, son máximos responsables por su participación. Aunque no tuvieran mando sobre las estructuras del Comando Conjunto Central son responsables de hechos graves y representativos del secuestro en el Tolima.
En esta segunda imputación dentro del Caso 01, y primera imputación regional, la Sala de Reconocimiento determinó que estos antiguos miembros del Comando Conjunto Central materializaron las políticas trazadas por el antiguo Secretariado en torno al secuestro y que se clasifican en tres tipos: secuestros para financiar la organización, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial.
Hechos y conductas no amnistiables determinados por la Sala
Con las imputaciones regionales la JEP ahonda en el esclarecimiento de los secuestros cometidos por las Farc-EP en las distintas regiones del país y las diferencias y similitudes en la forma de operar. El Comando Conjunto aglutinaba los Frentes 21, 25, 17, 50, Frente Joselo Losada y Frente Tulio Varón, las Columnas Móviles Héroes de Marquetalia, Daniel Aldana, y Jacobo Prías Alape, así como varias compañías y comisiones especializadas. Operó en el departamento del Tolima y en el norte del Huila, y en su máxima expansión en municipios colindantes de los departamentos del Quindío, y Cundinamarca.
En su máximo periodo de expansión el Comando Conjunto Central llegó a tener 1.180 miembros, siendo la más pequeño de las estructuras regionales de las Farc-EP. Comparativamente el Bloque Sur estuvo conformado por aproximadamente 2.300 hombres en armas y el Bloque Oriental por 7.100. Esta variación numérica llevó a la Sala a determinar que el porcentaje de secuestros que cometió el Comando Conjunto Central es incluso menor a su tamaño proporcional.
Así, de 5.219 víctimas únicas de secuestro reportadas en los registros del Sistema de Justicia y Paz, conocido como SIJYP, la base de datos más completa aportada a la JEP, 111 víctimas, que corresponden al 2% del total, señalan directamente al Comando Conjunto Central como la estructura responsable. Por estos secuestros se encuentran acreditadas en el Caso No.01 155 víctimas, de 3.422 víctimas acreditadas en el Caso 01.
La gran mayoría de los hechos reportados por las víctimas acreditadas en el Caso 01 sucedió en el Tolima (87%) y el resto en el norte del Huila (13%). La mayor cantidad de víctimas fueron secuestradas por el Frente 21, que controlaba el Cañón de las Hermosas en el suroccidente del Tolima. Este frente 21 fue el responsable del 38% de los secuestros cometidos por el Comando Conjunto Central, seguido por el frente 25, en el suroriente del Tolima y norte del Huila, fue el segundo frente que más secuestró, con el 13,3%.
A pesar de su tamaño menor frente a otras estructuras, el Comando Conjunto Central jugó un papel importante en la manera como la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros. En esta estructura funcionó la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que creó un complejo sistema de financiamiento por medio de “nóminas” de extorsión enfocado en sectores de la región: arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa, o ser secuestrados como penalidad.
Fuera de una breve bonanza de la amapola a principios de los noventa, el Comando Conjunto no tuvo otras fuentes de financiación que el dinero obtenido de las empresas legales y personas particulares en su territorio. Así, a falta de otras fuentes de financiación, era con las extorsiones y los secuestros buscaban financiar la tropa, las operaciones militares, y enviar una cuota al Secretariado.
Para financiarse esta antigua estructura guerrillera desarrolló la combinación ágil de la extorsión con el secuestro: cuando las víctimas no pagaban las cuotas o cuando necesitaban más dinero, recurrían a privarlas de la libertad y también las amenazaban de muerte y con destruir sus propiedades e incluso ponían explosivos en sus lugares de residencia o de trabajo para presionar el pago.
El Comando Conjunto Central jugó un papel importante en la manera como la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros. En esta estructura funcionó la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que creó un sofisticado sistema de extorsión por medio de “nóminas” de extorsión enfocado en sectores de la región: transporte, café, petrolero, contratación y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa o ser secuestrados como penalidad.
Sus técnicas fueron emuladas por otras unidades y replicadas en la organización guerrillera. Este modelo fue retomado por toda la organización armada en las órdenes conocidas como la “Ley 02.”
El Comando Conjunto Central secuestró personas que residían en la zona que ya venían siendo extorsionadas, en Tolima y Huila, que contaban con prósperos centros agrícolas por el cultivo del café, el arroz, así como por la ganadería y el comercio. La mayoría de los secuestros con fines económicos fueron reportados en los municipios de Murillo, Ortega y Venadillo.
También secuestró a personas que procedía de Bogotá, Ibagué y Neiva y viajaban con frecuencia a fincas de descanso en Tolima y el norte del Huila. Sobresalen los secuestros cometidos en zonas vacacionales en torno a la represa de Prado y el eje Girardot-Melgar.
El Comando Conjunto Central también realizó privaciones de la libertad con fines de control territorial, especialmente en los municipios de Ortega, Chaparral, Coyaima, Planadas, Ataco y Rioblanco, áreas históricamente controladas por unidades de las Farc-EP en el sur de ese departamento.
Su presencia y control sobre la zona del suroccidente del Tolima, especialmente en el Cañón de las Hermosas, caracterizó su despliegue territorial en la década de los noventa fue notorio su dominio en el suroccidente del Tolima, zona de origen histórico de las FARC-EP en Marquetalia. Incluso al Frente 21 se le llegó a conocer como el “juzgado 21″ por impartir justicia guerrillera en el suroccidente del Tolima.
En tres casos también privaron de la libertad a miembros de la fuerza pública para forzar un canje por guerrilleros presos, y lo entregaron a otros Bloques.