Recientemente fue expedida la Ley 2213 de 2022, la cual garantiza el efectivo funcionamiento de la administración de la justicia mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con lo cual se beneficia a los usuarios de servicios judiciales en Colombia y se garantiza el efectivo acceso a la administración de justicia.
La normatividad sienta sus raíces en el Decreto Legislativo 806 de 2020, expedido durante la emergencia económica y social causada por la pandemia del Covid-19 y que permitió en junio de 2020, reactivar la prestación del servicio público de administración de justicia. Este Decreto Legislativo permitió durante dos años adoptar medidas para incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones para reactivar las actuaciones de justicia, que en su momento permitió la reactivación de los procesos judiciales, paralizados en su momento por la pandemia.
“Como el decreto legislativo 806 del 2020 fue expedido en uso de las facultades extraordinarias que le fueron concedidas al Presidente durante la pandemia, lo que hizo el Congreso de la República fue que, vencido el término de duración del decreto, y con la participación del Ministerio de Justicia, el Gobierno Nacional y las altas cortes, volvió legislación permanente este decreto legislativo a través de la ley 2213 de este año”, explicó Henry Sanabria, Socio de CMS Rodríguez-Azuero.
Con la introducción de esta normatividad las actuaciones judiciales se deberán adelantar haciendo uso de los mecanismos virtuales y solo de manera excepcional, en los casos previstos en la propia ley, se exigirá la presencialidad en las sedes judiciales, como era lo tradicional.
“Antes de la pandemia la regla general era que las actuaciones judiciales eran presenciales, y sólo de manera excepcional se hacían de manera virtual; hoy en día invertimos la regla: Todas las actuaciones judiciales se adelantarán de manera virtual y excepcionalmente de manera presencial”, recalcó Sanabria.
Así las cosas, la Ley 2213 trae múltiples beneficios, entre los cuales se destaca la reducción de costos administrativos, de transporte y, especialmente, se moderniza la prestación del servicio de justicia. La virtualidad permite acceder a los expedientes de manera virtual y atender audiencias desde diversos lugares; la única exigencia es tener acceso a internet y, en caso de que este recurso no esté disponible para la persona que lo requiere, la misma ley le trae alternativas para garantizar su derecho de acceso a la administración de la justicia.
Sin embargo, para Sanabria, aunque esta ley representa grandes avances, aún se necesita un esfuerzo por parte del Consejo Superior de la Judicatura y por los demás actores, para que los sistemas tecnológicos de los juzgados se modernicen y proporcionen respuestas con mayor prontitud.
“Por un lado, es un tema de inversión de recursos para que los juzgados cuenten con sistemas ágiles que permitan tener fácil acceso a los expedientes y las audiencias, y por el otro, un tema de organización administrativa para que haya una redistribución de las labores ahora que la justicia es virtual, a lo cual debe agregarse que esta nueva normatividad obliga a todos los intervinientes a comportarse con lealtad, buena fe y con espíritu de colaboración con la administración de justicia”, añadió Sanabria.
La Ley 2213 del 2022 ayuda a que los sistemas de demandas de justicia sean más eficientes en una era digital. Reflejo de esto fue el aumento considerable que, de acuerdo con el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, se presentó en el número de providencias proferidas a través de mecanismos virtuales y el número de audiencias en la justicia penal durante la virtualidad.
“Vamos por buen camino, pero todavía se necesita que todos los abogados tengan el compromiso de cumplir con la lealtad y la buena fe en todos los procesos, y colaborar con la administración de la justicia en estos momentos en donde se está produciendo un cambio y el desarrollo de este puede generar problemas. Aquí lo que se busca es un compromiso de todos los que intervienen en la prestación de ese servicio”, concluyó Sanabria, quien, además resaltó que la jurisprudencia de nuestras altas cortes ha contribuido y seguirá contribuyendo a que estas nuevas tecnologías redunden en garantizar un mejor acceso a la justicia.