La Defensoría del Pueblo ha venido adelantando un seguimiento sistemático, permanente y oportuno frente a cada una de las acciones del Gobierno Nacional para dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, donde se destacan avances significativos y también grandes retos para los próximos gobiernos, en aras de la garantía del derecho a la paz.
Así lo resaltó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al entregar este jueves el Informe de Seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, documento que contiene una serie de recomendaciones a las entidades del Estado para el efectivo cumplimiento de los puntos pactados en el Acuerdo.
Con corte al 30 de mayo de 2022, la Defensoría del Pueblo ha verificado tanto el cumplimiento de las metas en general, como de la atención prestada a las recomendaciones efectuadas en el informe del año pasado. Estos avances dan cuenta de importantes esfuerzos gubernamentales en materia de planeación y en aspectos presupuestales, técnicos y administrativos para la implementación de los diferentes componentes del Acuerdo.
“Hay quienes ven el vaso medio lleno y otros el vaso medio vacío, sin embargo, luego de revisar los avances, poner de manifiestos las dificultades y advertir los mayores retos, desde la Defensoría del Pueblo somos optimistas en que el país avanza firme en el propósito de cumplir con las metas que el Acuerdo de Paz se propuso al finalizar la presente década”, destacó Carlos Camargo.
De la misma forma, el Defensor del Pueblo aseguró que, luego de una larga pero necesaria fase de planeación, el proceso de implementación del Acuerdo entró en una fase de aceleración y hoy se puede decir, con optimismo, que la implementación ha tomado velocidad de crucero.
Por lo tanto es de esperar que el nuevo gobierno pueda sostener el ritmo en los temas más avanzados y le dé el impulso necesario a los temas en los cuales hemos identificado mayores retos.
“Estamos convencidos de que las bases que se han forjado en los últimos años nos permitirán superar la dificultades y alcanzar muy pronto la meta de la Paz que tanto hemos anhelado”, agregó Carlos Camargo.
Avances concretos
En el informe se destaca, por ejemplo, el avance en materia de acceso a tierras. Se han entregado 1.442 predios a favor de 6.384 familias. Al Fondo de Tierras han ingresado 1.912.839 hectáreas, correspondientes a 16.923 predios, lo que se traduce en un avance del 63,8% frente a los 3 millones de hectáreas fijados como meta en el Acuerdo Final.
En cuanto a tierras para la población excombatiente, se resalta que 10 de los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) ya cuentan con predios comprados para su consolidación y/o estabilización. Además, de los 16 Planes Nacionales Sectoriales para la reforma rural integral 14 han sido adoptados y 2 se encuentran próximos a su oficialización.
En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la inversión a febrero de 2022 ascendía a 13,2 billones de pesos, con una ejecución, durante tan solo el año 2021, equivalente al 46% del presupuesto invertido en cinco años.
Respecto a los Programas Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), se lograron varios avances importantes: el 92% de las familias beneficiarias han recibido pagos de asistencia alimentaria, el 91% asistencia técnica integral, el 82% ha sido beneficiado con proyectos de seguridad alimentaria y el 55% con proyectos productivos de ciclo corto.
Las experiencia internacionales dan cuenta de que en los países en contexto de post-conflicto el nivel de cumplimiento a los seis o siete años alcanza un 50% del total de los compromisos, siendo la tendencia alcanzar entre el 60% y el 70%.
Con esos referentes históricos el panorama en Colombia debe apreciarse como halagador en tanto en varios de los componentes se tienen avances significativos en periodos cortos, avances que, por supuesto, se deben alcanzar en todos los temas teniendo en cuenta el criterio de integralidad que inspira el acuerdo.
Por otro lado, la ruta de implementación de los compromisos pactados en el Acuerdo Final tampoco es ajena a factores externos, que pueden incidir de manera preponderante en la desaceleración de acciones y actividades para el cumplimiento de lo pactado. Los efectos y consecuencias que han dejado la más reciente pandemia son prueba de ello.
Grandes desafíos:
1) En materia de acceso a tierras es necesario incrementar el porcentaje de adjudicaciones.
2) Urge la constitución de la jurisdicción o la especialidad agraria, con el concurso del Gobierno y del Congreso.
3) Se requiere un mayor esfuerzo en la implementación del catastro multipropósito en todo el territorio nacional para 2025.
4) Ya se han aprobado y adoptado 14 de los 16 Planes Nacionales Sectoriales pero se requiere su implementación como quiera que ellos se relacionan con el desarrollo del sector rural en asuntos como vías, electrificación, conectividad, agua potable y saneamiento básico, entre otros.
5) En relación con la sustitución de cultivos de uso ilícito, el desafío urgente es gestionar el presupuesto faltante para culminar los componentes del programa que se acordaron con las familias beneficiarias.
6) En los PDET conviene fortalecer escenarios de participación con las organizaciones sociales en la ejecución de los proyectos y obras.
7) Urgen medidas que mitiguen la situación de violencia en algunas zonas rurales. 8) Disponer de acciones para disminuir homicidios, amenazas y hostigamientos a líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y población excombatiente.
Otro de los retos fundamentales consiste en que los exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc fortalezcan su participación en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, a fin de aportar en el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
“El reconocimiento de los logros, dificultades y desafíos constituyen un examen de conciencia en el que las autoridades públicas y los ciudadanos deberán converger en aras de continuar en la construcción de una paz estable y duradera”, dijo el Defensor del Pueblo.
“Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos comprometidos con el seguimiento a la implementación de los diferentes puntos del Acuerdo, de una manera analítica y objetiva con miras a elevar las recomendaciones que podrían implementarse para fortalecer la actuación del Estado como garante del proceso de paz”, puntualizó Carlos Camargo.