La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas (1448 de 2011), integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los representantes de los pueblos étnicos, señaló en el décimo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas, presentado al Congreso de la República, que se necesita con urgencia una articulación efectiva de las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.
Añadió que se requerirían alrededor de $252,4 billones, entre 2023 y 2031, para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación para los más de nueve millones de víctimas del conflicto armado.
La Comisión también indicó que para el 2022 se presentó un rezago de $732.100 millones disponibles que no fueron ejecutados por las entidades nacionales encargadas, y de $430.819 millones en productos y servicios que esos mismos entes no recibieron en la vigencia. Las entidades con menores recursos ejecutados fueron el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Vivienda y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Manifestó su preocupación por la constante reducción en términos reales de los recursos asignados a la Política Pública de Atención y Reparación a Víctimas (PPARIV), pues para el 2021 fue de $8 billones; en el 2022, de $7 billones, y para el 2023 solamente se programaron $5,7 billones, un 22 % menos frente a la vigencia anterior.
Llamó la atención frente a la baja ejecución de recursos de departamentos como Cauca, con un 8 %; Cundinamarca, con 26 %; Boyacá, con 31 %; San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con 48 %; Vichada, con 55 %, y Arauca, con 41%, y también evidenció grandes brechas en la asignación de recursos de las entidades territoriales en relación con el número de víctimas por ubicación, con una relación muy baja en lugares como Boyacá, Chocó, Cauca y Nariño.
Crisis humanitaria por desplazamientos forzados
La Comisión advirtió un complejo escenario de crisis humanitaria, caracterizado por fenómenos de revictimización y nuevas afectaciones, incluso en el marco de los procesos de acercamiento y negociaciones de la Paz Total. Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), durante el 2022 fueron registrados 129 eventos por desplazamiento forzado de carácter masivo que afectaron a 56.558 personas, y 47 eventos de confinamiento de 41.106 personas.
Sostuvo que en el mismo año los homicidios de lideresas, líderes y de quienes defienden los derechos humanos tuvieron un incremento significativo del 32,5 % en comparación con los registrados en el 2021. Agregó que persiste la barrera en la ruta de protección individual y colectiva para la población con orientación de género diverso, en especial para hombres gais, personas no binarias y hombres transgénero.
En cuanto a la oferta de servicios, indicó que no se ha podido concretar la apertura de los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) de Ibagué y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Así mismo, llamó la atención sobre el notable deterioro de la infraestructura de las sedes de Valledupar y Curumaní (Cesar), Villavicencio (Meta) y Barranquilla (Atlántico).
La Comisión estableció que durante el 2022 el 1,72 % de los hogares viables para entrega de atención humanitaria de emergencia no accedió a esa medida, y para el primer trimestre del 2023, el 14,46 % de estos sujetos de atención por primer año no la recibió, por lo cual, en los primeros tres meses del presente año no se cumplió con la meta formulada en el indicador del documento Conpes 4031 de 2021.
Señaló que persisten dificultades para las comunidades desplazadas forzosamente para ejercer de manera plena los derechos al retorno y la reubicación, pues a 31 de diciembre del 2022 solo el 12,71% superó su condición de vulnerabilidad.
En cuanto al tema de rehabilitación, indicó que el Gobierno nacional, pese a los esfuerzos realizados en materia presupuestal, debe establecer una destinación específica de recursos que garanticen la atención diferencial para niñas, niños y jóvenes.