La JEP fijó para el 27 de junio la audiencia en la que ocho miembros del Ejército Nacional aceptarán su responsabilidad, de manera pública, por participar en la ejecución de crímenes de guerra y lesa humanidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006 que fueron presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, en Antioquia.
A la diligencia judicial fueron convocados el coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; el Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BCG 79); Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26) y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).
Asimismo, tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado. La audiencia se dará en el marco del macrocaso nacional (03), que investiga los antiguamente llamados ‘falsos positivos’, con el caso territorial (04) que priorizó la región de Urabá antioqueño y chocoano.
En presencia de organizaciones de víctimas que han participado en el proceso investigativo de la JEP, las instituciones del Estado y la sociedad civil, los máximos responsables deben pasar del reconocimiento escrito que entregaron a la magistratura de la JEP, a uno público ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.
De acuerdo con el auto de determinación de hechos y conductas sobre el caso emblemático de Dabeiba, en su inmensa mayoría se trataba de hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades de entre 20 y 35 años y sus cadáveres fueron ocultados en los cementerios municipales para impedir su identificación. La Sala encontró igualmente hechos representativos de este patrón en 1997 en Dabeiba, con participación de las tropas del Batallón de Infantería No, 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’.
En la diligencia los comparecientes realizarán públicamente su reconocimiento de verdad y de responsabilidad frente a los familiares de las víctimas, quienes además participarán en un espacio al que también fueron vinculadas las organizaciones acompañantes, así como las instituciones del Estado del orden local, regional y nacional e internacional para que respalden y blinden el proceso restaurativo que empezó en diciembre de 2022.
A lo largo de 7 meses un grupo de expertos profesionales de la JEP trabaja en la preparación de la Audiencia Pública de Reconocimiento, tanto con víctimas como con comparecientes. Este es un proceso que conduce a lograr que la diligencia permita públicamente sellar un compromiso de futuro entre quienes sufrieron el daño, quienes lo causaron y la sociedad en general, para el restablecimiento del tejido social fracturado en Dabeiba y, por conexidad, en Medellín, Ituango y Turbo.
JEP ordena encuentro dialógico restaurativo en Medellín
En Medellín, el 29 de junio, se realizará también una audiencia pública donde participarán las víctimas acreditadas, los ocho imputados que participan en la audiencia y los demás comparecientes vinculados a la investigación, pero que no fueron hallados como máximos responsables por la Sala de Reconocimiento y, en este último caso, que fueron postulados ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que defina si procede o no la renuncia condicionada a la persecución penal.
Se trata de la primera audiencia conjunta que se realiza entre estas dos Salas de Justicia con el fin de avanzar en la restauración del daño causado y definir la situación jurídica de los comparecientes sometidos a la JEP; entre ellos, los miembros de la Fuerza Pública que no serán objeto de indulto, pero que tampoco serán incluidos en la imposición de las sanciones propias porque la magistratura encontró que no son máximos responsables.
Estos últimos comparecientes podrán ser objeto del beneficio de la renuncia condicionada a la persecución penal siempre y cuando aporten verdad de los hechos de los que tengan conocimiento, reconozcan responsabilidad y participen de los procesos restaurativos ordenados por la magistratura para reparar a las víctimas y la sociedad por los daños causados.