El control ilegal por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)-Clan del Golfo mediante amenazas y uso de la violencia sobre la población civil en cinco municipios del departamento Córdoba hizo que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana 015-2022.
El equipo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo encontró que los frentes Uldar Cardona Rueda y Rubén Darío Ávila de las Agc están poniendo en riesgo el bienestar y la vida de la población civil. Este grupo armado ilegal busca mantener el manejo y control del narcotráfico, la explotación irregular de oro y el cobro de extorsiones mediante el uso de la violencia.
En la Alerta Temprana la Defensoría del Pueblo pudo determinar que las Agc también buscan mantener el control del corredor que une a esta región con el Bajo Cauca y las costas de Urabá y Córdoba con el propósito de mantenerlas como vías para el tráfico de clorhidrato de cocaína y armas.
“En la Defensoría del Pueblo nos preocupan las amenazas y la violencia que ejerce este grupo armado irregular contra los líderes sociales y comunitarios, autoridades indígenas, campesinos asentados en las zonas de explotación de oro, pescadores y especialmente contra los menores de edad, por el alto riesgo de que sean víctimas de reclutamiento forzado”, resaltó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En la región también existe preocupación por la presión que ejerce este grupo armado para que se conserven las tierras que fueron despojadas a campesinos en fases anteriores al conflicto armado.
En esta región, la Defensoría del Pueblo ha emitido siete alertas tempranas por los riesgos encontrados tras años de conflicto armado. “Esta organización ha impuesto normas y castiga a quien no obedece sus reglas, y de manera violenta busca controlar la cotidianidad de la comunidad de estos municipios”, denunció el defensor del Pueblo.
Ante el alto nivel de riesgo, la Defensoría del Pueblo entregó 21 recomendaciones, entre las que se encuentra la adopción de medidas urgentes de prevención y protección de las comunidades de los cinco municipios. Al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública les solicitó adelantar acciones de disuasión contra este grupo armado ilegal con el propósito de salvaguardar la vida de los habitantes y prevenir hechos de violencia o vulneraciones de derechos.
“Con nuestros equipos en territorio, desde la Defensoría del Pueblo seguiremos acompañando a las comunidades en la garantía de sus derechos”, puntualizó Carlos Camargo.