El Sistema Integral para la Paz, conformado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un llamado urgente al Gobierno colombiano a propiciar y/o facilitar diálogos humanitarios entre los actores armados inmersos en el recrudecimiento del conflicto en Arauca.
Desde el pasado 2 de enero Arauca ha vuelto a vivir el enfrentamiento entre actores armados, en especial las disidencias de las Farc y el Eln. Saravena, Tame, Fortul, Arauquita, Arauca capital, y Cubará (Boyacá) están siendo los territorios más afectados.
Durante los primeros 20 días del 2022 se han presentado al menos 34 homicidios; se han recibido 269 declaraciones de desplazamiento forzado, con un aproximado de 1.000 personas desplazadas; dos secuestros; confinamiento de comunidades indígenas; amenazas generalizadas a líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y riesgos para las personas en proceso de reincorporación.
Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado, y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia. El hecho más reciente es el del carro bomba detonado el 19 de enero en el municipio de Saravena que ocasionó daños físicos a los edificios de la Terminal de Transporte, Asedar, SENA e ICA y que produjo la muerte de una persona de vigilancia.
La detonación afectó también al Edificio Héctor Arilo, que al parecer era el objetivo principal del atentado dado que allí se encontraban líderes de distintas organizaciones sociales del territorio, cinco de los cuales resultaron heridos.
“Se empieza a sentir en la región la repetición de un escenario similar al vivido entre 2005 y 2011, cuando a causa del enfrentamiento entre las dos organizaciones guerrilleras, cientos de personas tuvieron que salir de sus casas, dejar su tierra, perder hijos, familia y amigos, quedando muchas de las comunidades fracturadas y divididas y dejando un saldo de 1.000 personas asesinadas, y líderes comunales, defensores de derechos humanos, campesinos y campesinas desaparecidos”, dijo el Sistema Integral para la Paz que formuló las siguientes recomendaciones:
*Acciones inmediatas para atender la situación humanitaria.
*Crear mecanismos de protección que acompañen a los líderes, lideresas, campesinos, campesinas, indígenas y excombatientes en Arauca.
*Propiciar desde el nivel nacional un escenario de diálogo con organizaciones, que permita promover el acompañamiento de la iglesia católica en una eventual mediación.
*Consolidar un escenario de monitoreo y seguimiento sobre la dinámica del conflicto en el territorio.