La Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones por $295 mil millones en contra de Odebrecht y otros por violar el régimen de libre competencia en la adjudicación y ejecución del contrato ‘Ruta del Sol tramo 2’.
La sanción incluyó a Corficolombiana, Episol y la Concesionaria, así como a 4 personas naturales por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado dichas conductas.
La investigación contó con la colaboración de Ignacio García Morales (entonces viceministro de Transporte y director encargado del Inco y del Invías para la época de los hechos) como delator, quien confesó su participación y aportó información determinante sobre el sistema anticompetitivo.
De acuerdo con la investigación en una primera fase se incluyó un acuerdo anticompetitivo que les permitió garantizar la adjudicación del contrato de concesión No. 001 de 2010 en favor de la Concesionaria y, en una segunda fase, consistió en una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, que se materializó través de la instrumentalización de diferentes contratos, lo que les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del ‘proyecto Ruta del Sol’.
Adicionalmente, la Superintendencia pudo corroborar y apoyarse en los actos de corrupción reconocidos por Odebrecht en el Acuerdo de Culpabilidad (Plea Agreement) celebrado el 21 de diciembre de 2016 con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, donde se evidenció que Odebrecht desplegó un esquema de corrupción altamente complejo que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países. Para esto creó una ‘División de Operaciones Estructuradas’ como un departamento de soborno independiente, que reportaba sus actividades ilícitas a los más altos niveles directivos de esa empresa para obtener autorización para el pago de sobornos, a través de una compleja red de empresas fantasmas, transacciones fuera de los libros de contabilidad y cuentas bancarias en el exterior.
se encontró que durante 2016 se realizaron diferentes reuniones entre los principales protagonistas del sistema anticompetitivo, donde se pretendió replicar la estrategia de instrumentalización de contratos con el propósito de camuflar el pago de la retribución económica a Gabriel Ignacio García Morales, derivado del acuerdo ilegal y mantenerlo en la absoluta clandestinidad para asegurar el funcionamiento del sistema anticompetitivo que aún se encontraba en plena ejecución.