Tras conocer las circunstancias y algunos de los patrones que rodearon el asesinato de 35 firmantes del Acuerdo de Paz, que habían solicitado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar su ruta de protección, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP le pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue las posibles fallas cometidas que pueden estar afectando el mandato constitucional de ofrecer garantías de seguridad a esta población.
Al concluir una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por la JEP, los magistrados también le solicitaron a la UNP que implemente una metodología de análisis de casos, basada en los patrones de victimización. Es decir, le pidió abandonar la perspectiva caso a caso y la exhortó a enfocarse en regiones o tendencias nacionales y asignar las órdenes de trabajo a los analistas que ya conozcan los patrones, con el fin de evitar demoras prevenibles en el trámite de información que se requiera evaluar.
Ante el director de la UNP, Alfonso Campo; y el Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, la Sección también recomendó implementar en la Subdirección Especializada un procedimiento rápido que permita atender las amenazas a comparecientes, cuyo motivo de fondo sea una oferta de reclutamiento ilegal. E insistió en que es necesario crear un mecanismo que agilice la atención de estos casos que directamente impactan la misionalidad del Sistema Integral para la Paz. En muchos casos estos comparecientes son asesinados por no aceptar el ofrecimiento de los grupos ilegales y en otros casos se tienen que desplazar o terminan reincidiendo.
Las decisiones que este martes fueron adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad se tomaron después de que la magistratura le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP analizar y sistematizar 35 carpetas que contenían 2.289 folios. Esta información fue organizada por la etapa en la ruta de protección en la que quedó cada compareciente asesinado, el tipo de medidas adoptadas, el nivel de la implementación, y las fechas entre la presentación de la solicitud de protección y su muerte, entre otras variables.
LOS HALLAZGOS
Según la UIA, hay al menos cinco fallas: 1) En la remisión efectiva de las solicitudes de protección que presentan diferentes instituciones del Estado a la Subdirección Especializada de la UNP. 2) Por omisión o ausencia de implementación de las medidas de protección que se adoptan tiempo después de ordenarse. 3) De articulación y comunicación entre el equipo de analistas de la Subdirección Especializada y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. 4) En la evaluación del nivel de riesgo en el que se categorizó y 5) En la respuesta oportuna a las solicitudes de protección presentadas.
Los investigadores de la UIA concluyeron que, de los 35 casos examinados, transcurrieron 10 meses en promedio, entre la presentación de la solicitud de protección y el asesinato del compareciente. Además, la mayoría de los casos quedaron en la etapa de análisis de riesgos. Hay casos, por ejemplo, que fueron calificados como de riesgo “ordinario» y los homicidios fueron consumados.
Uno de los casos que expuso la UIA es el de Edwin Herney Barrios Parra que fue asesinado el 8 de junio de 2021 y la resolución que confería las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección fue adoptada el 1 de septiembre del mismo año. Es decir, tres meses después de su asesinato. Asimismo, sucedió con el crimen de Carlos Cemilo Iter, quien fue asesinado el 25 de septiembre de 2019 y el trámite continuó después de su muerte hasta el 30 de abril de 2020 cuando se emitió la resolución de protección.
“Nueve de los asesinados contaban con medidas blandas, 2 con esquema de seguridad compuesto por hombres de protección y 11 se encontraban en estudio de nivel de riesgo», señaló la magistrada relatora, Reinere de los Ángeles Jaramillo. “Medidas blandas en una zona con alta presencia de estructuras ilegales armadas. No entiendo cómo se hace esa asignación de un botón de pánico y un chaleco en esos lugares (…)», agregó el magistrado Gustavo Salazar. Por su parte, el presidente de la Sección, Alejandro Ramelli, insistió en preguntar si “la UNP hace un estudio previo de viabilidad económica, ¿para qué emitir un acto administrativo que no se va a cumplir?».
En la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares también participan los magistrados María del Pilar Valencia y Raúl Sánchez.