El ultraderechista Jair Bolsonaro, quien pensó que podría burlar a la justicia presionando a Estados Unidos para que impusiera sanciones a su país si llegaba a ser condenado, es el primer expresidente brasileño en ser llevado ante la justicia por un intento de golpe de Estado. El Tribunal Supremo lo condenó a 27 años y tres meses de prisión, mientras que los siete coacusados recibieron penas de entre dos y 26 años.
El profesor de derecho Thiago Bottino, de la Universidad Fundação Getúlio Vargas, de Río de Janeiro, describe el juicio como un avance muy positivo para la joven democracia de ese país, que volvió a la democracia en 1985, tras una dictadura militar que se perpetuó en el poder (como pretendía hacerlo Bolsonaro), durante 21 años. «En estos 40 años de vida en democracia nuestras instituciones maduraron», declaró Bottino, en una entrevista con DW.
Altos mandos militares se negaron inicialmente a llevar a cabo los planes golpistas de Bolsonaro. El entonces presidente había intentado impedir que Luiz Inácio Lula da Silva, su sucesor electo, asumiera el poder en enero de 2023.
Y, según Bottino, las instituciones civiles también han demostrado su resiliencia con el juicio contra los golpistas. «Brasil puede felicitarse», aseguró. Esta euforia se ve empañada por los esfuerzos del Congreso para conceder una amnistía a los golpistas. Sin embargo, el Tribunal Supremo también tiene la última palabra en este caso y de ser necesario podría detener la ley de amnistía debido a su inconstitucionalidad.
El abogado pone en perspectiva a quienes consideran excesiva la condena de más de 27 años de prisión impuesta a Bolsonaro y considera que la sentencia «no es inusual». Además, en Brasil, un preso puede solicitar una reducción de su condena tras cumplir tan solo una sexta parte de ella. No es seguro que Bolsonaro vaya a prisión.
Debido a su frágil condición tras un intento de asesinato en 2018, para la defensa de Bolsonaro será fácil dar prueba de sus problemas de salud, afirmó Bottino. «Es muy probable que cumpla las condiciones para cumplir su condena en arresto domiciliario».
César Muñoz, director de Human Rights Watch (HRW) en Brasil, también considera el juicio «histórico» para Brasil. Señaló que los numerosos golpes de Estado ocurridos en la historia brasileña, como el golpe militar de 1964, nunca fueron castigados. Además, tras el fin de la dictadura en 1985, nadie rindió cuentas por las violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, el veredicto emitido es «una clara señal de que habrá consecuencias en el futuro si se producen conspiraciones contra el Estado constitucional democrático o si se niega a los brasileños su derecho a elegir su gobierno en elecciones libres», declaró Muñoz. «Y eso es positivo para la democracia en Brasil».
Otro aspecto positivo es que, además de Bolsonaro, militares de alto rango también fueron condenados a duras penas, según Muñoz. Hasta ahora, la práctica brasileña ha sido que el personal militar sea juzgado únicamente por tribunales militares, no por civiles. HRW considera que esta práctica viola las normas jurídicas internacionales. El fallo dictado contra los militares demuestra que nadie en Brasil está por encima de la ley.
El politólogo Guilherme Casarões cree que Bolsonaro y su movimiento político, el «bolsonarismo», están lejos de estar acabados a pesar del veredicto. El profesor de estudios brasileños de la Universidad Internacional de Florida cree que se realizarán esfuerzos para difundir internacionalmente la narrativa de la persecución política del expresidente por parte del poder judicial brasileño.
Una prueba clave para la fuerza de Bolsonaro es si puede desatar protestas en las calles de Brasil y lograr la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso. No está claro si el bando de Bolsonaro se unirá en torno a este tema o si esto provocará divisiones en su legado político. Una candidatura de Bolsonaro a las elecciones presidenciales de finales de 2026 es ciertamente impensable.
Tampoco está claro hasta qué punto Estados Unidos ejercerá mayor presión sobre Brasil. El gobierno de Donald Trump ya había impuesto elevados aranceles punitivos a los productos brasileños y sanciones contra la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo. Recientemente, Washington incluso amenazó con usar la fuerza militar, de ser necesario, para lograr la liberación de su aliado Bolsonaro.
Sin embargo, Casarões afirmó que no está claro si Estados Unidos realmente crearía un escenario de amenaza similar contra Brasil, ya que actualmente está desplegando buques de guerra contra Venezuela. El politólogo afirma que los primeros pasos podrían ser endurecer las sanciones existentes contra los jueces del Tribunal Supremo.
Lo que sí queda claro con esta jugada política es que tanto a Estados Unidos como al mismo Bolsonaro y su familia poco les importan Brasil y sus ciudadanos, pues están dispuestos a lo que sea, incluso a sanciones económicos que dejarán lastrada durante años la economía o hasta a una intervención militar, con tal de conseguir la impunidad que quieren para sus actos criminales.