Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó la prisión domiciliaria para el expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, y la incautación de todos los aparatos celulares y de conexión a internet que tenga el exmandatario en su residencia, podría decirse que si por Colombia llueve, por Brasil no escampa.
Bolsonaro, una figura de la derecha de su país, con millones de seguidores, habría incumplido las medidas cautelares que le impuso la Corte en el marco de un juicio que se le sigue porque presuntamente instigó a los militares de su país a dar un golpe de estado cuando perdió las elecciones frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Como ocurrió en Colombia con la condena al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno, a la que sus seguidores se oponen y contra la que han convocado marchas en todo el país para presionar a la justicia que deberá resolver la apelación que presente la defensa de Uribe, también en Brasil los fans de Bolsonaro se han tomado las calles.
Pero el exmandatario brasileño tiene expresamente prohibido por fallo judicial usar las redes sociales para incitar al desconocimiento de las normas en ese país. Por eso el magistrado Alexandre de Moraes aseguró que «la Justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico».
La orden judicial ocurre un día después de que figuras cercanas a Bolsonaro publicaran imágenes suyas en redes sociales, en violación de las medidas ordenadas por la Corte Suprema, durante una jornada de manifestaciones en apoyo al expresidente.
Moraes, instructor del proceso contra el líder ultraderechista, determinó el régimen de prisión domiciliar para Bolsonaro, a quien también le fue prohibido de recibir visitas en su residencia con excepción de las de sus familiares y de sus abogados.
De Moraes también ordenó a la Policía Federal realizar un registro en la residencia del exjefe de Estado para incautarse de los teléfonos móviles y otros dispositivos que le permitan conectarse a las redes sociales.
La Policía Federal confirmó en un comunicado que cumplió en la tarde de este lunes la orden de la Corte de la prisión domiciliar y del decomiso de los aparatos celulares.
El magistrado alegó en su decisión que Bolsonaro violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, que le prohibían enviar mensajes por sus propias cuentas en las redes sociales o por las de terceros y que le obligaban a usar una tobillera electrónica y a permanecer en su residencia por las noches y los fines de semana.
De Moraes citó mensajes de Bolsonaro que fueron transmitidos el domingo en las redes sociales de sus aliados, incluyendo en las de sus tres hijos parlamentarios, con «incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño».
Los mensajes fueron leídos en las marchas que realizaron el domingo miles de bolsonaristas en varias ciudades del país, en las que defendieron la aprobación de una amnistía a todos los acusados de golpismo y manifestaron apoyo a las sanciones impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los responsables por el juicio a Bolsonaro.
Además de imponer un arancel adicional del 50 % a la importación de parte de los productos brasileños, cuya eliminación condicionó a que cesen los procesos contra Bolsonaro, el Gobierno de Trump le retiró la visa a ocho de los once miembros del Supremo brasileño y determinó el bloqueo de los bienes de Alexandre de Moraes.
«No hay duda de que hubo un incumplimiento de la medida cautelar que le fue impuesta a Jair Messias Bolsonaro», aseguró el magistrado, para quien «es necesario la adopción de medidas más drásticas para evitar la continua reiteración delictiva por parte del procesado».
La prisión domiciliaria se ordenó en el marco del proceso en que se acusa a Bolsonaro de liderar un complot para impedir la toma de posesión como presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.
De acuerdo con la Fiscalía, además de discutir con sus ministros y altos oficiales militares medidas para anular las elecciones y hasta para asesinar a Lula, Bolsonaro incentivó el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema promovido por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023.