Miles de colombianos salieron a las calles de todo el país para apoyar al expresidente Álvaro Uribe luego de que la semana pasada fuera condenado en un proceso legal por los delitos de soborno y fraude procesal, lo que le valió una pena de 12 años de arresto domiciliario.
A pesar de que el día fue lluvioso, particularmente en Bogotá, los manifestantes salieron con paraguas, impermeables, banderas de Colombia, pitos, tambores y música festiva y durante las marchas estuvieron coreando un lema que se hizo viral durante todo el proceso judicial: «Uribe, amigo, el pueblo está contigo».
Uribe, quien gobernó de 2002 a 2010, es el primer exmandatario de Colombia condenado penalmente, en un proceso que surgió luego de la condena a su primo Mario Uribe por vínculos con el paramilitarismo.
El senador Iván Cepeda se hallaba en ese entonces recabando pruebas para desarrollar un debate en el Congreso y señalar la presunta cercanía del exmandatario, que para entonces había dejado la presidencia y había llegado también al senado, con vínculos con los grupos paramilitares.
Fue entonces, en 2012, cuando el exmandatario decidió denunciar a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia porque supuestamente estaría recabando falsos testimonios de parte de exparamilitares y delincuentes condenados en la cárcel para presuntamente incriminarlo.
Sin embargo, en 2018, la Corte en un giro inesperado decidió que no era Cepeda quien estaría manipulando testigos, sino el mismo expresidente Uribe, a través de un oscuro abogado de narcotraficantes llamado Diego Cadena, quien luego se autodenominaría, en una llamada telefónica interceptada, como el ‘abogánster’.
Fue así como Uribe renunció en agosto de 2020 al Senado para impedir que la Corte Suprema de Justicia tuviera la potestad para seguir investigándolo y se puso en manos de la Fiscalía, que en lugar de acusar, pidió su absolución.
En 2023 y 2024 se desarrollaron diferentes audiencias de preclusión del caso pero en ambas oportunidades, diferentes jueces encontraron méritos para seguir investigando al exmandatario y no aceptaron la preclusión que solicitaba la Fiscalía.
Ante estas decisiones los abogados de Uribe han presentado numerosos recursos jurídicos pero todos han sido negados en primera y segunda instancia por diversos jueces y tribunales.
Finalmente el caso llegó a la juez 44 del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien en un fallo histórico para Colombia, pues es la primera vez que se condena a un expresidente en un proceso penal, condenó al exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Pero pese a todas las garantías con las que ha contado el exmandatario y a los esfuerzos de su equipo de defensa jurídica, conformado por algunos de los más prestigiosos juristas del país, Uribe y sus seguidores siguen insistiendo en que la condena es política y uno de sus hijos se atrevió a decir desde Estados Unidos durante las marchas de ayer que quienes condenaron a su padre no van por él, sino por la democracia colombiana.
Por eso en Medellín, cuna del exmandatario, ríos de gente con camisetas blancas salieron a marchar en su defensa. «¡Viva Álvaro Uribe inocente! Lástima ese juicio político que le están haciendo», dijo Luz Gómez, pensionada, agitando una bandera de Colombia.
«No más instigación de odio y de violencia en contra de la oposición», clamó en una tarima Tomás Uribe, hijo del expresidente desde Estados Unidos.
Uribe tiene 73 años y sostiene que su condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder.
Uribe mostró su agradecimiento a las multitudes que salieron hoy a las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y otras ciudades del país para expresarle su apoyo y pidió a sus seguidores que elijan el año próximo un «gobierno de transición» que garantice la estabilidad democrática del país.
«Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad (…) Necesitamos un gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación», manifestó Uribe en una declaración leída desde su casa campestre en la localidad de Rionegro, en el departamento de Antioquia.
Uribe es muy popular por su lucha contra la guerrilla, a la que asestó duros golpes durante sus dos mandatos.
Pero también es cuestionado por presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en los peores años del conflicto armado y por los asesinatos de civiles por parte de la Fuerza Pública para presentarlos como guerrilleros y mejorar las cifras de bajas, una política que se vio impulsada por una directriz de su primera ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en la que se empezaron a medir los resultados de la Fuerza Pública de acuerdo con el número de guerrilleros muertos en combate.
Pronto en varias guarniciones del país, entre ellas el batallón La Popa, al mando del coronel (r) Publio Hernán Mejía, hoy procesado por la Justicia Especial para la Paz, se cometieron los primeros crímenes contra civiles indefensos para inflar los resultados.
Por esta vía, fueron asesinadas 6.402 personas en todo el país, de acuerdo con las cifras recabas por la JEP.
La sentencia a Uribe abre la puerta al avance de otros procesos judiciales en su contra que lo vinculan con graves delitos como la masacre de El Aro, cuando paramilitares torturaron y asesinaron a más de una decena de campesinos en la región de Antioquia (noroeste) a finales de los 1990.