Juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes envió a prisión 7 años al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

En una decisión que revive la polémica por la sanción que debe recibir un menor de edad cuando comete un delito como el homicidio, un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes sancionó con 7 años de privación de la libertad al menor de 15 años que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto, tras permanecer dos meses en grave estado de salud.

La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer 7 años privado de libertad en un centro de atención especializada.

El abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia del precandidato presidencial, destacó la decisión de la justicia pero indicó que la Ley de Infancia y Adolescencia incrementa el crimen en Colombia.

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equiparará con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, afirmó, tras conocerse la decisión en medio de una audiencia reservada.

El joven sicario que le disparó al político del Centro Democrático el pasado 7 de junio en el parque El Golfito en Bogotá, ya había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas durante la acusación de la Fiscalía. 

Debido a que el proceso judicial en su contra ya había avanzado a la etapa de acusación por estos delitos, las leyes del juzgamiento de menores impidieron que se le adicionara el delito de homicidio agravado.

Se trata de un principio conocido como congruencia estricta, que busca proteger los derechos del menor.

Cabe anotar que, la sanción fue impuesta en primera instancia, y la defensa del menor apeló la decisión.

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establece penas más leves para los adolescentes infractores, en comparación con los adultos. En este caso, la pena máxima que pudo haber recibido el menor era de ocho años en un centro de atención especializada, independientemente de la gravedad del delito.