La Interpol emitió una circular roja contra César Manrique, imputado por la Fiscalía por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y prófugo desde el pasado 30 de julio, cuando un juez ordenó su captura.
Las autoridades desconocen el paradero de César Manrique, exdirector de Función Pública y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, luego de que una juez ordenara su detención porque al parecer recibió una millonaria coima de 3 mil millones de pesos en el entramado de corrupción orquestado para quedarse con recursos producto de la contratación en la UNGRD.
Manrique viene de ser condenado por otro escándalo relacionado con sobrecostos en la contratación de 100 motocicletas de Policía durante la Alcaldía de Petro en Bogotá, una jueza de Control de Garantías ordenó su reclusión en un centro penitenciario el pasado martes, sin embargo, de su caso tendrá que conocer un juzgado de superior jerarquía.
Por este caso también se encuentra prófugo Carlos Ramón González, quien es buscado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, los cuales no fueron aceptados. Hasta el momento su paradero es desconocido y las autoridades adelantan los trámites para que emita una notificación roja de Interpol.
González es señalado por la Fiscalía General como uno de los principales artífices de un entramado de sobornos en la Unidad, salió de Colombia el 2 de noviembre de 2024, cuando aún no pesaba sobre él ninguna medida judicial. Posteriormente, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, vivió durante varios meses en la residencia diplomática de la Embajada de Colombia en Managua, junto con el entonces embajador León Fredy Muñoz.
Pese a la orden de captura en su contra, emitida en julio de este año por un juez en Colombia, González se mantiene en Managua. En junio de este año, el Ministerio del Interior de Nicaragua le otorgó formalmente asilo político, una decisión que blinda al exfuncionario frente a los procesos judiciales en su país y que llevó al gobierno colombiano a solicitar su extradición. Sin embargo, a las 3:30 de la tarde de este 20 de agosto, la administración de Daniel Ortega negó la petición, amparándose en el estatus de protegido que le concede la legislación nicaragüense.