Con el paso de las horas se ha hecho más fuerte la polémica por lo ocurrido el sábado durante un evento convocado por la Presidencia de la República, en el que se entregó un informe sobre los avances del proceso de paz urbana con estructuras criminales del Valle de Aburrá y al que fueron invitados en primera línea varios jefes delincuenciales que permanecen detenidos en la cárcel de Itagüí.
Los delincuentes llegaron al sitio de la concentración, al frente de la cual estaba el presidente Gustavo Petro, en buses del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Alias ‘Douglas’, uno de los sicarios de la ‘Oficina de Envigado’ y vocero de las conversaciones que se se realizan en la cárcel de Itagüí, le dijo al presidente Petro que el diálogo está estancado y que necesita un mayor respaldo institucional.
Esta situación ha generado múltiples críticas de diversos sectores, comenzando por el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, y por el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes aseguraron que la presencia de los jefes de organizaciones criminales en este evento representó un afrenta para las víctimas.
Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, y coordinadora del Espacio de Diálogo Sociojurídico, explicó que todo “era un evento en plaza pública sobre la paz urbana, se hablaba de paz y se convocó para eso”.
Sobre la polémica por la presencia de grupos criminales condenados, resaltó que “lo inexplicable sería que no se les convocara a los voceros de las estructuras, debidamente reconocidos, para este tipo de diálogos”. “Se está haciendo lo que corresponde, hablar de la paz urbana en las regiones”, dijo.
Zuleta recalcó: “En el espacio de diálogo socio jurídico tenemos toda la libertad de que cada uno de los actores pueda decir lo que considera. A una persona privada de la libertad no se le esta privando su libertad de expresión”.
Y puntualizó que “así no le guste a un sector de la derecha, el presidente autorizó ese diálogo, y como es él el que lo autoriza, entonces por qué él no puede hacer ese diálogo”, cuestionó.
“El propósito principal de la ciudad y el departamento es mostrar que hay una salida dialógica, además, la ley de paz total faculta y reglamenta estos diálogos”, señaló.
También advirtió que “todas las personas que estuvieron en ese espacio tenían autorización presidencial” y, además, que “quien hace la autorización es el Inpec con la debida autorización del ministro de Justicia, pero el diálogo lo autorizó la Corte después de verificar la ley de paz total”.
Por su parte, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, calificó los hechos como un mensaje “desafiante” que el Gobierno le envió al departamento de Antioquia.
“Hay una gran diferencia entre que existan diálogos con esas estructuras, a llevarlos a un evento público con el presidente de la República”, dijo.
Añadió que “es una cuestión muy diferente dar una vocería a personas que se encuentran condenadas, a darles un micrófono para que den un discurso al lado del presidente del país”.
“Cualquier proceso de paz no les da la garantía para que hagan lo que hicieron”, dijo.
Así mismo, Cadavid resaltó que “el Gobierno fue a hacerle un desafío a Antioquia. No existe marco jurídico para darle beneficios a miembros de bandas criminales condenados”.
Insistió en la diferencia que hay entre conversar con esos miembros y, por otro lado, que se lleven a un espacio público para que den un discurso en contra de un mandatario, ya que algunos de ellos lanzaron pullas al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
“Acá el tema no es si tenían autorización del presidente, hay que ver si la tenían del Inpec y cómo lo lograron. La discusión es la ofensa que recibió el pueblo antioqueño de ver a quienes tienen el control de la criminalidad en la región, echándole discursos al país”, contó.