Una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, la Cancillería informó que revocó las resoluciones expedidas por el anterior Secretario General, las cuales, según se indicó, fueron emitidas por fuera de todo marco legal.
A través de un comunicado a la opinión pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la decisión adoptada se tomó “en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes para que se investigue la presunta comisión de delitos asociados a la expedición de dichos actos administrativos”, anotó el documento.
La Cancillería confirmó, además, que “el servicio de expedición de pasaportes en Colombia y en el exterior está garantizado”, en la medida en que “la empresa que atiende el servicio actualmente reiteró, por escrito, que cumplirá el contrato 356, hasta su finalización el 2 de octubre de 2024, sin contratiempos”.
Añadió que mientras se adelantan todos los procesos “se culminará la revisión integral en curso, para definir la mejor opción que permita contratar un nuevo servicio de expedición de pasaportes con adecuado soporte técnico, tecnológico y financiero, a partir de octubre”.
“El Gobierno nacional reitera su compromiso de garantizar el servicio de expedición de pasaportes y mantener informada a la ciudadanía sobre todos los pasos de este proceso”, concluyó el comunicado.
El contrato dejaba en manos de Thomas Greg and Sons la expedición de pasaportes hasta el 2026, por más de 590.000 millones de pesos.