Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla negó la libertad del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue designado como ‘gestor de paz’ por el gobierno de Gustavo Petro.
En su resolución, el magistrado señaló que el decreto mediante el cual se designó a Mancuso presenta numerosas ambigüedades en cuanto a sus funciones, siendo demasiado abstracto y sin proporcionar detalles claros sobre sus actividades. “Las funciones asignadas a Mancuso se asemejan en gran medida a las del alto comisionado para la paz”, expresó el magistrado al examinar minuciosamente los términos del decreto presidencial.
La Sala no logra identificar el papel concreto que el procesado, en referencia a Mancuso, desempeñaría en las mesas técnicas. “No se especifica cuáles son estas mesas, quiénes las integran, dónde operarían ni por cuánto tiempo se reunirían”, añadió el magistrado al analizar punto por punto los detalles del decreto firmado por el presidente Gustavo Petro.
El Tribunal considera que, tal como está redactado el decreto, se abre la puerta para conceder amnistías e indultos. “Contrariamente a lo argumentado por la Fiscalía y los representantes de las víctimas, la Sala determina que la resolución presidencial 244 del 14 de agosto de 2023 presenta serias deficiencias que la hacen incompatible con la Constitución Política al pretender una excarcelación abierta e ilimitada para un postulado a los beneficios de Justicia y Paz”.
Tras revisar el Sistema de Gestión Judicial (Samai), la Sala encontró que solamente en el marco del proceso de Justicia y Paz en Barranquilla se le han atribuido a Mancuso Gómez “responsabilidades por 34.002 crímenes de lesa humanidad y de guerra”.
“Por tanto, se inaplicará en el caso concreto el acto administrativo y se denegará la libertad excepcional postulada por el presidente de la República a favor de Salvatore Mancuso Gómez”, sentenció el magistrado.
En el extenso análisis, el magistrado resaltó que Mancuso mismo aseguró que ya estaba en contacto con grupos al margen de la ley que lo buscaron para que fuera su vocero ante el Gobierno, situación que, a su juicio, contradice lo mencionado en el respectivo decreto.
Desde el pasado 27 de febrero, el excomandante paramilitar se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. El próximo viernes tiene pendiente una nueva audiencia en la que se definirá su solicitud de levantar la medida de aseguramiento que pesa en su contra por un centenar de actos delictivos.
El pasado 6 de marzo, el excomandante paramilitar defendió su nombramiento como “gestor de paz” por el gobierno de Gustavo Petro. “Es un mensaje contundente de que el Estado cumple cuando empeña su palabra a los actores comprometidos con la paz y la reconciliación nacional”.
El excomandante paramilitar aseguró que, como ocurrió en el pasado, su labor buscará el desarme y la desmovilización de estructuras armadas ilegales en “departamentos que actualmente están siendo afectados por estructuras ilegales de alto impacto”.