El Gobierno nacional confirmó que el pasado viernes 16 de febrero se expidió el pasaporte para Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar. Tanto su abogado defensor como el expresidente Álvaro Uribe han indicado que se espera su regreso al país en las próximas dos semanas.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha explicado que después de varios años de espera y diez solicitudes de repatriación por parte del sistema judicial, finalmente se ha asegurado su retorno. “Ya se ha determinado un lugar de reclusión para su llegada. Contamos con varias instalaciones preparadas para garantizar su máxima seguridad. Sin embargo, en caso de que algún juez decida su lugar de detención específico o si, en virtud de su designación como gestor de paz, se le otorgue la libertad, actuaremos en consecuencia”, agregó.
Es relevante recordar que inicialmente Mancuso solicitó ser deportado a Italia, donde posee la nacionalidad, pero una decisión judicial determinó que, tras ser extraditado y cumplir su condena por tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, sería enviado nuevamente a Colombia.
El exjefe paramilitar regresará al país como gestor de paz designado por el Gobierno de Gustavo Petro, aunque existe una petición pendiente en el Consejo de Estado que busca revocar dicha resolución. No obstante, en su papel como gestor de paz, Mancuso se ha comprometido a colaborar en la búsqueda de desaparecidos en la frontera con Venezuela a manos de paramilitares.
En la actualidad, hay incertidumbre sobre si Salvatore Mancuso será liberado inmediatamente al llegar a Colombia debido a su designación como gestor de paz. La Corte Constitucional ha protegido varios de sus derechos tras una tutela presentada por el exparamilitar, argumentando que no existían motivos para mantenerlo privado de su libertad. Ahora, es el Tribunal Superior de Bogotá el que está revisando el caso, considerando que ya ha cumplido su pena por narcotráfico en Estados Unidos.
Solo resta que Estados Unidos complete los trámites necesarios para que Mancuso viaje de vuelta a Colombia, donde enfrenta condenas en el marco de la Justicia y Paz por más de 42,000 casos de desplazamientos, desapariciones, homicidios y otros delitos. Además, está siendo procesado en la justicia ordinaria por lavado de activos y concierto para delinquir tras su desmovilización.