El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desató una controversia al proponer una nueva reforma tributaria para que los empresarios aporten los recursos necesarios para financiar el sistema de salud.
Durante una audiencia pública sobre la reforma de la salud en Bucaramanga, Jaramillo afirmó: “Vamos a necesitar más recursos, entonces, no nos compliquen a nosotros, y más bien ayúdenos a realizar una reforma tributaria (…). Instemos a los empresarios a que paguen los impuestos que dejaron de abonar y ejecutemos una reforma justa y equitativa, donde todos contribuyamos; aquellos con menos recursos aportarán menos, y aquellos con más, contribuirán más. Así obtendremos los recursos necesarios para resolver el problema, si es que el problema es de índole económica, pero no disponemos de más dinero”.
Estas declaraciones no fueron bien recibidas no solo en el sector empresarial, sino también en el Congreso, donde se interpretó que el ministro reconoció que la reforma de la salud está desfinanciada.
Desde que el proyecto fue presentado en el Congreso hace casi un año, el Gobierno nacional no ha proporcionado el aval fiscal, un elemento crucial para conocer el costo de la polémica reforma, que está a punto de someterse a su tercer debate en el Senado.
“Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, afirmó: ‘Después de haberlo negado, el ministro reconoce que el proyecto está desfinanciado y propone asfixiar a los empresarios con impuestos’.”
Catherine Juvinao, también representante, insistió en que el modelo propuesto en la reforma de la salud es financieramente inviable y añadió que “cualquier nuevo gasto en salud requerirá recursos adicionales, y ahora el ministro lo confirma: la reforma se financiará mediante una nueva reforma tributaria y más impuestos para los ciudadanos”.
El senador David Luna criticó la propuesta del Gobierno, alegando que busca obtener más recursos a través de una nueva reforma tributaria. Sostuvo que el objetivo del gobierno de Petro es consolidar un control total, tanto económico como político, afectando las libertades y el derecho a elegir, lo cual tendrá serias repercusiones en la atención de la salud.