Este domingo el gobierno de Gustavo Petro oficializó el decreto que declara formalmente “la situación de desastre nacional en todo el territorio” debido a los incendios forestales y la situación climática provocada por el fenómeno del niño. Aunque el texto había sido anunciado desde el jueves, la firma oficial y su entrada en vigor tuvieron lugar el sábado 27 de enero.
El documento confirma que la declaración se extenderá durante los próximos 12 meses, según lo anunciado por el presidente Petro el miércoles anterior desde la región del Pacífico colombiano. Además, se especifica que dicha medida podría prorrogarse por otro año con el respaldo favorable del “Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.
El texto del decreto, divulgado el domingo, establece: “Declarar la situación de desastre nacional en todo el territorio por el término de doce meses, prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del consejo nacional para la gestión del riesgo de desastres”.
En el artículo dos, se aplica el régimen especial para situaciones de desastre y calamidad pública, contemplado en la ley 1523 de 2012, que adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres. Esto implica que la contratación se realizará mediante el régimen especial del artículo 13 de la ley 1150 de 2007, que establece las condiciones para entidades no sujetas al estatuto general de contratación, facilitando así la contratación directa necesaria para abordar la emergencia.
Además, el decreto autoriza el traslado de recursos del Fondo Nacional del Riesgo y Desastre a otras entidades vinculadas a las actividades necesarias para enfrentar la calamidad o desastre.
En respuesta a las críticas sobre el monto de 500 billones de pesos anunciados por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se aclara que este no es el presupuesto total para el año 2024, sino la capacidad del gobierno para reasignar partidas presupuestarias en virtud de la declaración de desastre.
Dada la sensibilidad de la contratación directa y la reasignación de partidas, la ley establece que las transferencias deben especificar “expresamente la destinación de los recursos” y serán responsabilidad del jefe de la entidad receptora.
El decreto también ordena la elaboración de un plan de acciones específico para definir las líneas a seguir en respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, incluyendo un capítulo sobre acciones para prevenir recurrencias. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres supervisará su seguimiento y evaluación.
Adicionalmente, se establece que las entidades públicas y privadas vinculadas al sistema nacional de gestión de riesgo y desastres deben participar en la creación y aplicación del plan específico. Además, el sector público en el sistema nacional debe designar a un funcionario de alto nivel para liderar el cumplimiento de las acciones correspondientes a su entidad.
En las consideraciones del decreto, se establece que la emergencia abarca diversas situaciones derivadas del fenómeno del niño, como incendios, sequías, heladas y desabastecimiento de agua, reflejando la complejidad climatológica que enfrenta el país.