La cascada de declaraciones del expresidente Álvaro Uribe persiste, esta vez en respuesta a las afirmaciones de su predecesor, Juan Manuel Santos, quien afirmó haber gestionado una inmunidad diplomática para Uribe ante posibles citaciones de los tribunales estadounidenses por presuntas violaciones de derechos humanos durante su mandato.
A través de sus plataformas en redes sociales, Uribe aclaró que, en 2001, antes de su primer mandato, se produjo el asesinato de trabajadores de la compañía Drummond. Más tarde, mientras desempeñaba su papel como profesor en la Universidad de Georgetown, fue acusado por “ONGs de izquierda” ante un tribunal estadounidense para rendir testimonio sobre el tema.
El expresidente señaló que el exembajador Gabriel Silva le ofreció que el Gobierno costearía sus gastos legales, oferta que rechazó. También declinó la sugerencia de que una compañía extranjera de negocios de café, en la cual Silva tenía intereses, asumiera esos servicios profesionales. Uribe manifestó su sorpresa por este tema, dado que Silva había ocupado la presidencia de la Federación de Cafeteros.
Recientemente, Silva aclaró en sus plataformas digitales que su propuesta no tenía como objetivo lograr impunidad ni facilitar la evasión de la justicia por parte de Uribe, sino cumplir con lo que la Constitución ordena y proteger la soberanía judicial de Colombia.
Uribe abordó diversos casos, argumentando que Santos consideró intereses personales en situaciones como la extradición de Walid Makled y el asilo otorgado a María del Pilar Hurtado.
En última instancia, el expresidente afirmó que la única justificación plausible para las declaraciones de Santos sobre una supuesta inmunidad diplomática sería distraerlo de su estudio sobre las reformas del actual Gobierno y así “estar invocando su inmunidad frente al caso Odebrecht”.