El proyecto de ley del impuesto predial, presentado por los ministerios de Hacienda y Agricultura, no afectará a todos los propietarios del país por igual. Aquellos que verán un aumento en sus pagos son aquellos dueños de terrenos o viviendas cuyos avalúos catastrales no han sido actualizados en varios años, lo que significa que están pagando un impuesto predial menor al que deberían.
Este problema afecta a casi el 90 por ciento del país, ya que la actualización catastral, con un enfoque multipropósito, apenas alcanza un poco más del 9.6 por ciento en la actualidad. La meta del gobierno es llevar este porcentaje al 70 por ciento para el año 2026, con la intención de realizar actualizaciones físicas, jurídicas y económicas en 80 millones de hectáreas distribuidas en 660 municipios durante el resto de su mandato.
Las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira e Ibagué, ya han completado la actualización catastral y, por lo tanto, este proyecto no les afectaría, salvo en situaciones excepcionales.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), hasta ahora, 123 municipios han sido actualizados, incluyendo lugares como Fómeque, Fusagasugá, Sopó, Villeta y Zipaquirá en Cundinamarca, así como Barbosa, Cáceres, Envigado, Puerto Berrío, Sabanalarga, Támesis y Girardota en Antioquia, y Cartago, Palmira y Socorro en sus respectivos departamentos.
En 2022, la autoridad catastral concluyó 17 procesos de actualización, y para 2023 se pretende intervenir en 73 municipios. No obstante, estas actualizaciones están sujetas a procesos de contratación, consultas previas con grupos étnicos y disponibilidad presupuestaria.
El proyecto de ley establece que, una vez que el avalúo catastral de los municipios sin actualizar esté al día, se impondrá un límite al aumento futuro del impuesto predial. Es importante señalar que entre los municipios pendientes de actualización se encuentran regiones apartadas como Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Chocó, así como municipios en otros departamentos.
Actualmente, se está llevando a cabo la actualización en diversas zonas del norte del país, como Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, donde el Gobierno planea adquirir tierras para redistribuirlas entre los campesinos como parte de la reforma agraria, focalizándose en áreas con predios productivos y subutilizados.