El Vicecontralor en funciones de la Contraloría General de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha declarado de “Impacto Nacional” los eventos relacionados con las presuntas irregularidades vinculadas a la suspensión en la entrega de medicamentos por parte de las Droguerías Cruz Verde a los usuarios de la EPS Sanitas. Estos eventos están relacionados con medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud y aquellos que puedan derivarse de él.
La Contraloría General ha establecido un equipo especializado dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción con el propósito de obtener información de primera mano sobre este asunto.
La declaración de “impacto nacional” en el caso de la EPS Sanitas y las Droguerías Cruz Verde permitirá a la Contraloría agilizar sus investigaciones para evitar posibles pérdidas de recursos en el ámbito de la salud, área sobre la cual la entidad ejerce un monitoreo constante.
En el último año, esta Unidad ha manejado 14 casos relacionados con temas de salud por un valor total de $630.933 millones, de los cuales se han realizado 4 imputaciones de responsabilidad fiscal, por un monto de $274.201 millones, y 3 fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia, por un valor de $389.619 millones.
Estos casos involucran a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y están relacionados con las EPS Saludcoop, Cafesalud, Medimas, Cajas de Compensación Familiar de Sucre y Córdoba, el Distrito de Cartagena de Indias y el departamento de Córdoba. Las acusaciones están vinculadas a problemas como la inadecuada gestión de gastos administrativos, obras incompletas y recobros, entre otros.
El Vicecontralor en funciones de la Contraloría General recalcó que la entidad está monitoreando la información relativa al estado contable de las EPS para el año 2022. Además, señaló que la delegada de Salud está llevando a cabo una auditoría de desempeño sobre el flujo de recursos del sistema de salud para identificar debilidades y obstáculos en el sistema, una iniciativa que se realiza por primera vez y que involucra alrededor de 240 billones.
Zuluaga reiteró su llamado a los actores del sector de la salud para proteger los derechos de los pacientes y garantizar que no se interrumpan los tratamientos de enfermedades críticas.