Con los primeros cinco juzgados del circuito y una sala de tres magistrados comienza sus actividades la Jurisdicción Agraria y Rural, un paso fundamental en la implementación de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, resaltó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
Los cinco juzgados del circuito estarán ubicados en Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja, mientras que la primera sala nacional de magistrados funcionará en la capital boyacense.
“La Jurisdicción Agraria y Rural es la otra cara de la moneda de nuestra Reforma Agraria, que tiene una dimensión nunca vista. Lo que supone la compra y distribución de un millón y medio de hectáreas de las mejores y más fértiles tierras del país, a lo que se suma un gran plan de formalización y reconocimiento de la propiedad”, indicó Mojica.
La apuesta agropecuaria del Gobierno, enfatiza la ministra, es “responder a la urgencia de resolver el problema de la tierra para poder dar seguridad alimentaria en nuestro país, conseguir la paz y avanzar en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental”.
La ministra de Agricultura agregó que en el Gobierno se pretende avanzar en la Reforma Agraria con objetivos claros y destacó como grandes logros la jurisdicción agraria y el reconocimiento del campesinado como objeto de derechos y especial protección.
“Soñamos con la humanización de la justicia en el campo, soñamos con una Jurisdicción Agraria y Rural que consulte realmente las dificultades sociales y políticas que tenemos en nuestros territorios, que estas comunidades se sientan como parte líder del proceso de construcción a partir de decisiones que den seguridad y certeza jurídica, que generen confianza a las comunidades”, manifestó.
Se crearán 65 despachos más
El anuncio de la creación de los despachos judiciales agrarios se conoció durante el XIII Conversatorio Nacional e Internacional de la Especialidad Civil, Agraria y Rural que tuvo lugar en Bogotá.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez, informó que las zonas de influencia de los juzgados fueron localizadas por los Ministerios de Agricultura y de Justicia, con base en los volúmenes demográficos y rurales.
También se tuvieron en cuenta los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que cobijan a los 170 municipios más afectados por la pobreza, el conflicto armado y las economías ilícitas.
“Tenemos claro que el Gobierno Nacional cumplirá con su compromiso de garantizar oportunamente los recursos al Consejo Superior de la Judicatura para completar los 65 despachos restantes y su planta de personal”, dijo el presidente del Consejo.
La justicia agraria debe dirigir sus acciones hacia garantizar el acceso efectivo a la justicia del campesinado, que ha sido la víctima principal de la violencia; resolver conflictos que surgen entre la propiedad de la tierra y la producción; establecer mecanismos para resolver conflictos agrarios que tienen que ver con temas ambientales, étnicos, etc.; y asegurar que la reforma rural sea sostenible en el tiempo.