Entre enero y junio de este año se registraron en Colombia 52 masacres, 46 homicidios de derechos humanos y 48 casos de reclutamiento de menores. Estas cifras revelan qué, aunque hay una disminución del 19% en homicidios y un aumento del 11% en masacres, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU le preocupa el tema en los territorios en donde el Estado colombiano tienen que focalizar su atención.
Así lo sostiene Juliette de Rivero, representante de este organismo en nuestro país. “La principal preocupación más grande que tienen las comunidades y la tenemos nosotros es el reclutamiento infantil”.
En cuanto a las masacres los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
La expansión territorial de los grupos armados se concentra en Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare que viene acompañado de homicidios, amenazas, reclutamiento, carnetización de la población, entre otras vulneraciones de derechos humanos.
“Eso nos dice que la situación en territorio aún es precaria y que el Estado tiene que llegar de manera articulada en el territorio. Muchas de las autoridades locales no pueden solas con la situación humanitaria y es prioritario proteger la vida”.
También registran 18 homicidios y una desaparición forzada de candidatos y líderes políticos. Se registraron en Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU asegura que sus principales preocupaciones son:
La expansión territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
Incremento de acciones de control social con un impacto negativo en la situación de derechos humanos de la población civil e imposición de reglamentos de conducta por parte de los grupos armados no estatales y/o organizaciones criminales para controlar la vida social, económica y política de las comunidades, organizaciones sociales y étnico territoriales.
Alto número de casos de reclutamiento infantil por parte de los actores armados no estatales y organizaciones criminales.
Implementación por parte de los grupos armados no estatales de estrategias agresivas para desarticular a las organizaciones de la sociedad civil, cooptar sus espacios y/o suplantar los mismos.
Limitaciones derivadas del control y la violencia ejercidos por grupos armados no estatales para que las comunidades, especialmente las rurales y alejadas de los cascos urbanos, puedan informar sobre su situación y expresar sus necesidades.
Restricciones a la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos, lideres, lideresas y comunidades en los territorios, que crea además una situación de riesgo para el ejercicio de derechos civiles y políticos en el futuro contexto electoral.
Dinámicas de trata con fines de explotación sexual, así como violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales.