La Fiscalía General de la Nación anunció la captura de cuatro policías y un civil “como parte de la investigación relacionada con las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de las exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres”.
Las personas capturadas estarían involucradas en las acciones ilícitas realizadas luego de que la exjefe de Gabinete de la Presidencia denunciara la pérdida de un dinero en su lugar de residencia”, explicó el ente investigador.
Las capturas se produjeron en cumplimiento a “órdenes de captura emitidas por un juez de control de garantías solicitadas por el fiscal titular del caso”.
Este se empezó a conocer a finales de mayo de 2023, cuando Marelbys Mesa, exniñera de Laura Sarabia, reveló que había sido sometida a una prueba de polígrafo después de que Sarabia denunciara la pérdida de dinero de su vivienda.
Posteriormente, la Fiscalía reveló que, irregularmente, el nombre de la exniñera fue incluido dentro de una investigación contra el Clan del Golfo para justificar que se interceptara su número telefónico. Junto a Mesa, también chuzaron las comunicaciones de una mujer identificada como Fabiola, quien había sido empleada doméstica de Sarabia.
“Se inventaron un informe de policía judicial para hacerlas pasar a estas dos mujeres con nexos con el Clan del Golfo para chuzarlas ilegalmente. Y en la tarde, como si estuvieran en la Gestapo en Colombia, le hacen un polígrafo en un caso que no tiene nada que ver con seguridad nacional”, declaró el fiscal Francisco Barbosa, en rueda de prensa, el 1 de junio de 2023.
Según la Fiscalía, el 26 de enero de 2023, un integrante de la Dijín pidió interceptar las líneas de las dos mujeres. Cuatro días después, el 30 de enero, un miembro de la Policía “elaboró un formato en el que indicó que una fuente anónima aseguraba que las líneas celular de la exniñera y de la otra persona pertenecerían a alias ‘La Cocinera’ y a ‘La Madrina’, dos presuntas integrantes del Clan del Golfo”, informó la Fiscalía en su momento.
La Policía, sin embargo, contradijo esa versión y afirmó que el ingreso de los números telefónicos a la investigación fue autorizado por un fiscal, y que fue un analista judicial el que decidió suspender las interceptaciones “argumentando que no correspondía a la motivación fundada”.