La Procuraduría General de la Nación, en su intervención durante la audiencia de observaciones de las víctimas, a las versiones rendidas por el general Mario Montoya y otros militares que integraron la Cuarta Brigada del Ejército, reiteró la necesidad de que se facilite el proceso de acreditación a las víctimas que estén interesadas en ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz, a partir de criterios de buena fe y la credibilidad que suponen sus relatos, para que no haya obstáculos que tengan que ver con documentación o con pruebas, más allá, que puedan afectarlas definitivamente.
El delegado Jairo Acosta Aristizábal pidió a la magistratura que al momento de acreditar estas víctimas se tengan en cuenta las “(…) líneas jurisprudenciales que se han fijado por la sala de apelaciones, en cuanto a cargas mínimas y que se materialice el principio províctima”, ya que “(…) las víctimas no tienen por qué estar supeditadas a que se reconozca o identifique su agresor; a que se reconozca o se identifique explícitamente la facción que la agredió (…)”.
El representante de la Procuraduría reconoció el valor y los aportes de los relatos de las víctimas y precisó que los agresores tienen que saber cuánto daño hicieron, los sufrimientos dejaron, y cuántas necesidades están pendientes. “Más allá de las ejecuciones hemos hablado de desplazamientos, de secuestros, de torturas, de encubrimientos, de daños a bienes, de apoderamientos de bienes, de pánico, de terror. Esto es otro termómetro importante para poder medir la magnitud de lo sucedido y para comprometer, por supuesto, a todos los que estamos aquí, encabezados por la jurisdicción, en ir más allá.”
Así mismo solicitó a la magistratura contemplar:
- La pertinencia de convocar a versiones colectivas en aras de poder cerrar algunas brechas de verdad y facilitar escenarios de contradicción, ojalá con algunos efectivos que ya hayan tenido algunas aceptaciones previas.
- La ampliación a otros grupos de la priorización de casos, a la luz de lo que en esta audiencia se ha escuchado, y en consideración a las constantes solicitudes de las organizaciones de víctimas y de la Procuraduría.
- Que se realicen con urgencia, llamados necesarios para proferir actos de determinación de hechos y conductas concluyentes; que se haga un llamado completo al estado mayor de la cuarta brigada, de los años 2001 y 2007, “(…) y que se convoquen las ampliaciones de versiones voluntarias, que sean necesarias, de cara a lo que se ha escuchado hoy”, indicó el procurador delegado.
También solicitó que se le pregunte a la Fiscalía, qué se ha hecho en torno a las averiguaciones de tantos y tantos hechos que esta región ha soportado, y que por supuesto debió seguir investigando y documentando todo el tiempo.
Con respecto a los tiempos que se tome la JEP frente a este macrocaso señaló el delegado “De pronto, puede sonar algo fuerte, hay una cierta urgencia en este caso porque tenemos un riesgo, y es que de viejos se mueran los responsables sin dar verdad.”
Finalmente, la Procuraduría reconoció la enorme disposición de la sala con respecto a este macrocaso, y entendiendo la necesidad de fortalecer el ejercicio de la magistratura, el procurador delegado hizo un llamado a la presidencia de la jurisdicción, al Ministerio de Justicia y al Gobierno nacional para que robustezca la jurisdicción, y en especial la sala, a efectos de que pueda físicamente tramitar de manera oportuna todas estas necesidades, frente a la alta demanda.