La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP definir e investigar los homicidios de civiles señalados de colaborar con el ejército o con grupos paramilitares por parte del frente 5 de las extintas Farc, que operaron en el Urabá antioqueño y chocoano, (Macrocaso 04) como un nuevo patrón criminal.
En el documento de observaciones a las versiones entregadas por cinco exintegrantes de los mencionados frentes, el Procurador Primero Delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, asegura que esta modalidad de asesinatos constituye un patrón macro criminal, teniendo en cuenta que se trató de crímenes cometidos en ejercicio del control social y territorial.
“Se debe contemplar la modalidad de homicidio como consecuencia de la estigmatización sobre civiles y el control social, en tanto los relatos de los comparecientes permiten deducir que algunos de estos responden a la escogencia de miembros de la población civil como blancos militares por considerar que su comportamiento de apoyar al enemigo era contrario a la ideología y propósito del grupo armado al margen de la ley”.
En una de las versiones analizadas en el documento, el excombatiente relata como el señalamiento de un miliciano contra tres muchachos indígenas como colaboradores del Ejército, bastó para que el comandante guerrillero ordenara una emboscada para asesinarlos.
“En este caso en particular, las víctimas eran estigmatizadas como simpatizantes y colaboradores del enemigo, bien estuvieran “comprobados” o fueran simples “sospechosos”, todo con el fin de evacuar el territorio de personas contrarias a su ideología y propósitos”, asegura el delegado en su análisis.
Otras solicitudes
La Procuraduría también solicitó a esa magistratura profundizar en aspectos relacionados con el uso de armas de guerra prohibidas por las normas internacionales (minas antipersonal y diferentes tipos de bombas artesanales), a fin de establecer quién y por qué decidieron utilizar estos explosivos, caracterizados por su falta de precisión y producción de graves daños colaterales a la población civil.
A propósito de los relatos de los comparecientes, relacionados con las órdenes de minado por los lados de Yupigrande, cerca al Río Manso, en los que se incluyó el testimonio de un excombatiente que contó cómo cada guerrillero era obligado a llevar consigo al menos una mina antipersonas durante los desplazamientos, además de otros explosivos que debían manipular para su instalación y activación sin tener conocimiento suficiente sobre cómo hacerlo, el delegado Fernández Angarita consideró fundamental ahondar en esta conducta para entender mejor el modus operandi de los victimarios.
Así mismo requirió a la magistratura profundizar en hechos relacionados con violencia sexual, de género y exigir a los comparecientes que reconozcan la ocurrencia de estos delitos durante su tránsito como miembros de la estructura armada para demostrar su voluntad de aporte a la verdad y como parte de las medidas de reparación, para que la violencia sexual y de género deje de ser una conducta silenciada, invisibilizada y minimizada por todos los actores armados del conflicto.