Rechazan actos de violencia en el Bajo Cauca antioqueño

La Defensoría del Pueblo rechazó de manera enfática los hechos de violencia registrados el pasado sábado en los que dos ambulancias fueron incineradas en las vías de Caucasia, en el marco de las protestas que se desarrollan en la región del Bajo Cauca antioqueño.

Para la Defensoría, no tienen ninguna justificación los ataques o agresiones en contra de misiones médicas o de aquellas personas que trabajan para proteger la vida. Este tipo de acciones son una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a quienes adelantan protestas para que respeten las misiones médicas, para que no obstaculicen sus labores y para que permitan el tránsito libre de las ambulancias, ya que de ello depende el derecho a la salud y la vida de todos.

El Ministerio de Educación informó que debido al paro minero que se registra en las regiones del Bajo Cauca, nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, 105.337 niños y niñas no han podido asistir a clases.

Asimismo, la entidad dijo que, producto de estos hechos, se han configurado en 823 sedes educativa, ubicadas en 17 municipios de esta zona del país anormalidad académica.

“Estas circunstancias han generado traumatismos en 823 sedes educativas e impedido que aproximadamente 105.337 estudiantes asistan a sus clases”, informó la entidad.

El Gobierno alertó que, incluso se han presentado deficiencias en la prestación del Plan de alimentación Escolar (PAE), debido a que por el cierre de vías originado por el paro minero, no han podido llegar los alimentos a los diferentes colegios públicos de esta zona.

Este lunes 13 de marzo, se realizó un plantón en la Plaza de la Libertad en la Gobernación de Antioquia. Allí se dieron cita miles de antioqueños vestidos con camisetas blancas, pañuelos, banderas y mensajes que pedían respeto por la misión médica, la movilidad, el derecho a la educación, al trabajo, a los mineros ancestrales y a la vida, grupos poblacionales que se han visto vulnerados por actos delincuenciales en medio del paro minero.