La Procuraduría General de la Nación sancionó con inhabilidad de ocho años a Edgar Mauricio Hernández González, particular que fungió como supervisor de varios contratos en la Unidad Nacional de Protección, UNP, por autorizar el pago de varias facturas en las que no se especificaron las fechas en las que se prestaron servicios por concepto de suministro de esquemas de seguridad.
La Entidad señaló que Hernández González estuvo vinculado como contratista a la Unidad, donde avaló que se hicieran cinco pagos por un valor superior a $ 10 mil millones, sin que hubiera detalle que permitiera saber en qué días se prestaron los servicios recibidos.
De igual manera, la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento estableció que en varios contratos no se reflejó la supervisión en la ejecución y “solo traslada la información (presuntamente de los anexos a las facturas) al informe, sin objeción alguna”, con lo que no es clara la manera en la que se dio cumplimiento a lo establecido en cada uno de ellos.
Para el Ministerio Público, el particular que ejerció funciones públicas omitió dar a conocer a la entidad las circunstancias que pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los negocios jurídicos suscritos, no verificó lo que autorizaba pagar y no consignó las irregularidades como era su deber.
Adicional a su imposibilidad de contratar con el Estado por el término antes referido, el disciplinado tendrá que pagar una multa equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho, es decir $ 47.160.000, que deberá cancelar a favor del Tesoro Nacional.
La falta cometida por Hernández González fue calificada de forma definitiva como gravísima a título de culpa gravísima.