Ocho de los 10 integrantes del Ejército Nacional que fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por hechos relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, reconocieron ante la JEP la imputación proferida el pasado 11 de julio, a través del Auto de determinación de hechos y conductas.
Se trata del coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; del Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BCG 79); de Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26) y de dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).
De igual manera, se les atribuyó responsabilidad, en calidad de máximos responsables por su participación determinante, a tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado.
En sus reconocimientos escritos, los ocho comparecientes “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz”, también aceptan responsabilidad individual” y “reconocen su participación en calidad de máximos responsables”. Así mismo, muestran su disposición de realizar acciones tareas y actividades “con la finalidad de reparar los daños causados”.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se prepara para fijar los términos de la audiencia pública de reconocimiento de verdad, en la cual los comparecientes se deben referir públicamente sobre los hechos y conductas consignadas en el auto de imputación, tal como ha sucedido con los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Es decir, los ocho comparecientes deben pasar del reconocimiento escrito a hacer un reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país por los crímenes documentados en Dabeiba. Se trata de un escenario de priorización, en el cual confluye un macrocaso nacional (03), que investiga los ‘falsos positivos’, con uno territorial (04), que priorizó la región de Urabá.
Por su parte, los coroneles Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada Móvil 11) y David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) manifestaron que no aceptan su responsabilidad por los crímenes que les imputó la JEP. Ante este escenario se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas hasta de 20 años de cárcel.