a Comisión Primera del Senado inició el debate de análisis del debate de presupuesto general de la nación vigencia 2023, para tal efecto contó con la intervención de distintos actores a cargo de las diferentes carteras del Gobierno Nacional.
La primera intervención fue la de la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, quien manifestó la necesidad de que dicha unidad sea fortalecida ya que tiene una tarea que ha sido pospuesta, en cuanto a la respuesta a miles de familias, que aún no han recibido el apoyo adecuado en la búsqueda de sus seres queridos.
Y remarca que esta unidad nació a raíz de la necesidad de las víctimas en la mesa de negociación, considerando que es importante la dirección y coordinación se refleje con un Plan Nacional que ha establecido unas metas a corto y mediano plazo para organizar la búsqueda en todo el territorio, lo que requiere fortalecimiento económico.
A su intervención reaccionaron los Senadores de esta comisión, algunos como la senadora María Fernanda Cabal, con gran preocupación afirmando que “estos son costos gigantescos que estamos asumiendo los colombianos, los que pagamos impuestos, ustedes tienen personas contratadas en territorio, se está diciendo tienen muchísimas más personas contratadas y es muy baja la efectividad de los resultados aquí presentados”
Por su parte el senador Julián Gallo, manifestó qué: “Es el estado quién debe responderle a la sociedad colombiana por la identificación por la ubicación en el marco y en el contexto el conflicto a más de 120.000 ciudadanos y ciudadanas desaparecidas” reiterando la necesidad de la inversión presupuestal. A lo que sumó la vicepresidenta de la comisión, Aida Quilcué pidiendo reconocer “Cuál es el procedimiento para que la familia, para el contexto y para el caso de los pueblos indígenas porque la víctima no solamente somos las personas, son los seres que la habitan, pero también la madre tierra y eso tiene un valor en el marco de la unidad de personas dadas por desaparecidas”
Otro de los citados fue el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Harvey Danilo Suárez, quien manifestó que con estos recursos lo que se busca es cerrar la brecha de la impunidad, la desigualdad y la exclusión que le da vida institucional a la JEP En términos de verdad de Justicia reparación y garantías de no repetición.
La Fiscalía también presentó su necesidad de recursos, en la voz de Astrid Torcoroma Rojas afirmando que lo que se busca es aumentar la presencia en el territorio Nacional, “Nosotros tenemos presencia en 450 municipios del país, es decir en más de 50% de los municipios no hay presencia de la Fiscalía, en el Programa de Gobierno del presidente Petro se coincide en la necesidad de fortalecer el recurso de infraestructura a fin de hacer presencia en los territorios”
Posteriormente también realizó su intervención el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien mencionó la Política de Justicia del actual Gobierno, sus ejes y el compromiso de aumentar las dimensiones del Poder Judicial, de modo significativo. Y manifestó su intención de aumentar el presupuesto de 3billones en un 10% que beneficiaría al Ministerio de Justicia, IMPEC, USPEC, Superintendencia de Notariado y Registro y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente plantearon las necesidades el delegado por el Registrador Nacional y la Directora de la Unidad administrativa especial para la atención y reparación integral de las víctimas, doctora Patricia Tobón.
Después de escuchar los diferentes planteamientos, se levantó la sesión y se citó para el martes 30 de agosto a las 9:00 a. m.