El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado urgente a las secretarías de salud municipales y distritales, a las entidades de aseguramiento de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud a fortalecer las estrategias, programas y acciones dirigidas a la atención oportuna de las mujeres gestantes, los niños y niñas durante sus primeros años de vida, el manejo integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa, adoptado por la Resolución 2350 de 2020, con el fin de identificar los riesgos en la primera infancia y garantizar su desarrollo integral.
Según el informe de eventos para el periodo epidemiológico V de 2022 del Instituto Nacional de Salud, durante 2022 ya se han notificado de 137 casos de muertes por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. De la misma forma, fueron notificados 8.710 casos por desnutrición aguda y moderada en menores de 5 años, mientras que para el mismo periodo epidemiológico de 2021 se habían notificado 5.494 casos.
“Estas cifras pone nuevamente de manifiesto un problema que debemos abordar con urgencia. No podemos seguir registrando más muertes de niños y niñas por enfermedades prevenibles como la desnutrición. Es responsabilidad de todos trabajar como familia, Estado y sociedad en el cuidado de la niñez”, aseguró el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo ha venido haciendo seguimiento a la implementación de lo dispuesto en la Resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adoptan lineamientos para el diagnóstico y tratamiento adecuado de la desnutrición aguda, moderada o severa en menores de 5 años y con ello reducir las tasas de letalidad de los niños y niñas menores de 5 años, así como evitar prácticas asociadas al manejo inadecuado en cualquiera de las fases de atención.
Lastimosamente, asegura Carlos Camargo, “aún muchas entidades aseguradoras y prestadoras de servicios de salud se encuentren en mora con su cumplimiento. La articulación territorial es fundamental para la eficacia, celeridad de las acciones de coordinación y gestión con los diferentes sectores que tienen a su cargo atenciones de promoción, prevención y complementarias dirigidas a niños y niñas de 0 a 59 meses como lo dispone la Resolución”.
“Hemos encontrado que muchas de las entidades aseguradoras de salud no conocen el contenido de la Resolución; no han adoptado acciones para el fortalecimiento de las capacidades del personal de atención en salud; ni para la prevención y atención que allí se presentan como una medida para manejar de manera adecuada la desnutrición en la primera infancia”, advirtió el Defensor del Pueblo.
Todo lo anterior genera barreras de acceso que repercuten en la identificación de casos, la atención oportuna de niños con desnutrición aguda y, por supuesto, hay poco seguimiento y acompañamiento que apoyen la recuperación a quienes padecen esta enfermedad.
De los 8.710 casos registrados durante 2022, el 75,5% (6.575) corresponde a casos de desnutrición aguda y el 24,5% (2.135) son por desnutrición severa. El 13,9% (1.210) de los casos corresponden a niños y niñas menores de 6 meses de edad; el 18,5% (1.613) son casos en niños y niñas entre 6 y 12 meses, el 67,6% (5.887) son casos en niños y niñas mayores de un año y el 3,3% (290) son en residentes extranjeros.
Así mismo, las cifras indican que los departamentos con mayor tasa de afectación por número de casos notificados por desnutrición aguda son: Vichada en el que por cada 10.000 niños y niñas menores de 5 años que habitan el departamento se notifican 75 casos de desnutrición aguda, Guaviare 60 casos, La Guajira 58 casos, Guainía 53 casos y 41 en Bogotá.
Teniendo en cuenta las cifras de las entidades territoriales con la tasa de afectación más alta se puede inferir que determinantes sociales como bajo nivel educativo, cobertura de afiliación en el sistema de salud, altos índices de embarazo adolescente, mortalidad de niños en la primera infancia, pocos controles prenatales, partos atendidos por personal calificado evidencian brechas sociales significativas que determinan prevalencias más altas de inseguridad alimentaria.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo le hizo el llamado a la Superintendencia de Salud para que, en el marco de sus funciones de control, inspección y vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, adelante las acciones necesarias para garantizar la atención de las necesidades de los usuarios que requieran el manejo integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa con el fin garantizar la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad que tiene mayor afectación en niños y niñas menores de 5 años.