La Corte Constitucional realizó audiencia pública sobre las medidas de protección para la población líder y defensora de derechos humanos. La audiencia fue convocada en el marco de nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos, defensores de derechos humanos, que consideran vulnerados sus derechos fundamentales. Solicitan se protejan sus derechos y se declare el estado de cosas inconstitucional.
El evento fue transmitido por los canales y redes sociales de la Corte Constitucional y puede verlo nuevamente en el link https://www.youtube.com/watch?v=onnfGsVcXUw
La audiencia fue presidida por el ponente del caso, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien explicó la importancia social que tiene el proceso para analizar la situación de esta población.
“El asunto que ahora reúne a la Sala Plena y a los intervinientes en esta audiencia plantea difíciles cuestiones. Las opiniones sobre lo que ha ocurrido o lo que debe decidirse son discrepantes. Sin embargo, hemos tomado nota de un reclamo común de todos los accionantes en este proceso: sienten miedo por ellos, por sus familias y por sus comunidades. Incluso, algunos han pedido no ser citados a esta audiencia. Ello no anticipa lo que debe decidir esta Corte. Sin embargo, se trata de una preocupación que debe tomarse en serio por parte de todos, autoridades, ciudadanos y jueces”, explicó el magistrado.
En el primer eje temático se valoró la situación actual de protección a la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos. Los accionantes, el Dr. Rodrigo Uprimny, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo coincidieron en señalar la grave situación que enfrentan los defensores de derechos humanos. Tanto los accionantes como la ONU resaltaron el incremento de las vulneraciones a partir de la firma del Acuerdo Final para la Paz. A su vez el director de la Unidad Nacional de Protección -UNP- describió los esfuerzos que desde la unidad se ejecutan para efectos de cumplir lo establecido en la ley.
En el segundo eje temático se analizaron las medidas legislativas, administrativas y presupuestales adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política pública de protección de la población líder y defensora de derechos humanos. Las intervenciones se refirieron al documento CONPES 4063 de 2021 “Política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social”. Rodrigo Uprimny Yepes, Franklin Castañeda y Marco Romero Silva -director de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes)- aseguraron que la política pública omitió incluir las herramientas que el Acuerdo Final para la Paz dispone para efectos de proteger a los líderes y lideresas sociales.
Por su parte, el ministro del Interior aseguró que la política pública le permitirá al Gobierno Nacional generar la protección de los defensores de derechos humanos. Además, sostuvo que para el Gobierno la protección personal y colectiva de los líderes y lideresas sociales tiene prioridad y advirtió que hoy más del 40% de las personas protegidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) son líderes sociales.
Finalmente, la directora de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que el presupuesto asignado a la UNP para protección de los colombianos se ha incrementado todos los años en un porcentaje tal que hoy asciende a más de un billón de pesos.
En el tercer eje se evaluó la efectividad de las rutas de protección y de las medidas para garantizar la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos. En primer lugar intervino Fernando Ibarra Ruiz representante del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas -CERREM- quien refirió algunas medidas que debían adoptarse para el adecuado funcionamiento del Comité, destacando además la necesidad de activar las Mesa Nacional de Garantías y las mesas territoriales como espacios de comunicación efectiva con las comunidades.