La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, por el gobierno de Estados Unidos, en donde es acusado por los delitos relacionados al narcotráfico.
El cabecilla del Clan del Golfo es requerido por los delitos de concierto para delinquir y porte de armas ilegal. La solicitud de extradición fue pedida el 2 de noviembre de 2021 por parte de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Sur de Florida y también de la Corte para el distrito de Nueva York, pues ambas corporaciones judiciales lo investigan.
hace pocos días, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema negó la recusación de la defensa de alias Otoniel. El alto tribunal ratificó al magistrado Diego Eugenio Corredor para que continúe con el trámite del proceso de extradición, que ya entra para alegatos de conclusión (fase final ante la Corte para emitir concepto) sobre este tema.
Otoniel ha venido recibiendo, especialmente con esta decisión, verdaderas derrotas en materia judicial. Hace una semana se llevó a cabo la entrega de parte de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) a oficiales norteamericanos de alias Nicolás, segundo cabecilla del Clan del Golfo, después de alias Otoniel, así como de un primo suyo. Lo anterior con base en órdenes de captura con fines de extradición ejecutadas por la misma Policía Nacional.
Los abogados de alias ‘Otoniel’ habían solicitado hace poco a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) que fuera admitido en ese tribunal de justicia transicional. Pero esta solicitud fue negada. Familiares de varias de las víctimas de este presunto narcotraficante habían pedido también a la Corte Suprema que no avalara la extradición a EE. UU. para que primero pagara por sus crímenes en Colombia y contara detalles de su accionar criminal durante más de 20 años.
Al momento de su captura, el presidente Duque afirmó que se trataba de un golpe al narcotráfico comparable con la muerte de Pablo Escobar, a manos de un comando de la Policía y el Ejército, el 2 de diciembre de 1993.