Demoras en PAE afectan a más de un millón de niños

La Procuraduría General de la Nación alertó sobre las demoras en la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los departamentos de Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre; en los distritos de Buenaventura, Santa Marta y Riohacha; y en los municipios de Cúcuta, Neiva, Pitalito, Sincelejo y Valledupar, que afectan los derechos de más de un millón de niños, niñas y adolescentes beneficiarios.   

Según información remitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional, las demoras se deben, en buena parte, a dificultades en la contratación para la prestación del servicio. El ente de control evidenció que en Antioquia, Caquetá, Cúcuta, Cundinamarca, Malambo y Sincelejo se han declarado desiertos los procesos contractuales.

La situación más preocupante ocurre en el departamento de Sucre, en donde la entrega de raciones a cerca de 50.000 beneficiarios por parte de la gobernación, solamente se realizará hasta el mes de mayo, pese a que el calendario escolar inició el 24 de enero.  

Desde noviembre de 2021 la Procuraduría pidió a los mandatarios territoriales cumplir con la obligación de prestar el servicio de alimentación escolar de manera oportuna e ininterrumpida durante todo el año, y enfatizó en la importancia del PAE para garantizar la permanencia escolar y el retorno efectivo de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad.   

No obstante, el Ministerio Público encontró que, a pesar de su insistencia frente a la prestación oportuna de este servicio, se siguen presentando retrasos en la operación del programa, y alertó que en algunos casos estas demoras son superiores al mes de haberse iniciado las clases.   

Acciones judiciales y disciplinarias para amparar derechos  

Con el fin de garantizar los derechos a la alimentación equilibrada, la salud y la educación de los beneficiarios del PAE, la Procuraduría instauró acciones de tutela contra las gobernaciones de Chocó, Guaviare y Sucre; las alcaldías de Neiva y Sincelejo, y los municipios de San Pablo de Borbur, La Capilla, Otanche, La Victoria, Quípama y Pauna en Boyacá.   

A la fecha se ha accedido a las pretensiones de la Procuraduría en el municipio de Sincelejo y en los departamentos de Chocó y Guaviare. En este último, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San José del Guaviare amparó los derechos fundamentales a la alimentación, salud, educación, igualdad y dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE y ordenó a la gobernación del departamento adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación del servicio en el menor tiempo posible, y por lo que resta del año escolar.  Adicionalmente, se rindieron informes para activar la función disciplinaria por inoportuna prestación del servicio de alimentación escolar en los departamentos de Cauca, Sucre y Magdalena; los distritos de Buenaventura y Santa Marta, y el municipio de Popayán.  

Para el 2022, se han abierto indagaciones preliminares a la Gobernación de Córdoba; a los municipios de Sampués, Chalán, Coveñas, Morroa, Los Palmitos, Corozal y Santiago de Tolú pertenecientes al departamento de Sucre y, adicionalmente, a Buenaventura y Santa Marta.