La Procuraduría General de la Nación alertó sobre las demoras en la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los departamentos de Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre; en los distritos de Buenaventura, Santa Marta y Riohacha; y en los municipios de Cúcuta, Neiva, Pitalito, Sincelejo y Valledupar, que afectan los derechos de más de un millón de niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
Según información remitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional, las demoras se deben, en buena parte, a dificultades en la contratación para la prestación del servicio. El ente de control evidenció que en Antioquia, Caquetá, Cúcuta, Cundinamarca, Malambo y Sincelejo se han declarado desiertos los procesos contractuales.
La situación más preocupante ocurre en el departamento de Sucre, en donde la entrega de raciones a cerca de 50.000 beneficiarios por parte de la gobernación, solamente se realizará hasta el mes de mayo, pese a que el calendario escolar inició el 24 de enero.
Desde noviembre de 2021 la Procuraduría pidió a los mandatarios territoriales cumplir con la obligación de prestar el servicio de alimentación escolar de manera oportuna e ininterrumpida durante todo el año, y enfatizó en la importancia del PAE para garantizar la permanencia escolar y el retorno efectivo de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad.
No obstante, el Ministerio Público encontró que, a pesar de su insistencia frente a la prestación oportuna de este servicio, se siguen presentando retrasos en la operación del programa, y alertó que en algunos casos estas demoras son superiores al mes de haberse iniciado las clases.
Acciones judiciales y disciplinarias para amparar derechos
Con el fin de garantizar los derechos a la alimentación equilibrada, la salud y la educación de los beneficiarios del PAE, la Procuraduría instauró acciones de tutela contra las gobernaciones de Chocó, Guaviare y Sucre; las alcaldías de Neiva y Sincelejo, y los municipios de San Pablo de Borbur, La Capilla, Otanche, La Victoria, Quípama y Pauna en Boyacá.
A la fecha se ha accedido a las pretensiones de la Procuraduría en el municipio de Sincelejo y en los departamentos de Chocó y Guaviare. En este último, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San José del Guaviare amparó los derechos fundamentales a la alimentación, salud, educación, igualdad y dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE y ordenó a la gobernación del departamento adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación del servicio en el menor tiempo posible, y por lo que resta del año escolar. Adicionalmente, se rindieron informes para activar la función disciplinaria por inoportuna prestación del servicio de alimentación escolar en los departamentos de Cauca, Sucre y Magdalena; los distritos de Buenaventura y Santa Marta, y el municipio de Popayán.
Para el 2022, se han abierto indagaciones preliminares a la Gobernación de Córdoba; a los municipios de Sampués, Chalán, Coveñas, Morroa, Los Palmitos, Corozal y Santiago de Tolú pertenecientes al departamento de Sucre y, adicionalmente, a Buenaventura y Santa Marta.