El incremento de la violencia territorial, así como los asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz urgen sumar mayores esfuerzos interinstitucionales alrededor de la implementación de una política pública que contribuya a la desarticulación de las estructuras criminales y sus redes de apoyo.
Así lo determinó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un auto que ordena la realización de una audiencia pública en Bogotá para evaluar los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política pública y criminal que fue presentado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el 19 de marzo de 2021. El funcionario deberá asistir a la diligencia para que explique los alcances de las decisiones adoptadas por el Gobierno y los avances de su implementación
Durante la diligencia, que se celebrará el 28 de febrero de 2022, la JEP evaluará el alcance de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la articulación de las entidades llamadas a poner en marcha la política, el impacto en la seguridad de los reincorporados y de la población de los territorios más afectados, y además verificará si se tuvieron en cuenta las observaciones y recomendaciones de los integrantes de la sociedad civil y delegados ante esa comisión.
Desde el 24 de noviembre de 2016, por lo menos 303 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados. La situación de inseguridad es más grave en los espacios dispuestos para la reincorporación y en departamentos como Chocó, Meta, Arauca, Antioquia, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca, en donde los crímenes han sido cometidos por grupos armados organizados que se disputan el control de los territorios.
Un caso que, precisamente, fue objeto de medidas colectivas de protección por parte de la JEP, a fines del año 2021, fue el proceso de desplazamiento que, por razones de seguridad, se llevó a cabo con la población de excombatientes del Espacio Territorial de Urías Rondón (Meta) a Doncello (Caquetá), y que incluyó más de 100 excombatientes y sus familias que sufrieron un ataque armado durante el periplo.
A la audiencia también fue convocada la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, dos delegados de cada una de las partes que integran la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI), un vocero delegado por el Partido Comunes y, en calidad de observadora, fue invitada la Misión de Verificación de la ONU.