De cara a la denuncia realizada por Fenalco en días pasados durante el acto de instalación del evento de retail Góndola 2021, sobre el significativo aumento de las comisiones bancarias, por pagos con tarjetas crédito y débito, el gremio recibe expectante los anuncios del Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, sobre el inicio de las investigaciones correspondientes.
“Este es un problema sobre el que nuestros comerciantes nos vienen insistiendo desde hace varios meses y nos han solicitado priorizar dentro de nuestra agenda gremial. La encuesta que realizamos para conocer el impacto de la situación arrojó que el 49% de los comerciantes ya ha sufrido incrementos, el 22% respondió que no y en ese momento un 29% no se había dado cuenta.
Si bien la totalidad de los almacenes de gran formato han sufrido afectaciones, este es un tema que trasciende a todos los comercios, especialmente a los pequeños que no tienen capacidad de negociación”, señaló Jaime Alberto Cabal Sanclemente, Presidente de Fenalco.
Al haber puesto en conocimiento de esta situación al Ministerio de Hacienda; la Superintendencia de Industria y Comercio; la Superfinanciera y la Unidad de Regulación Financiera, URF, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios considera acertado que la Superfinanciera revise a fondo lo que está sucediendo en el mercado con el objetivo de validar cómo se definen esas tarifas y cuál es la justificación del incremento que los bancos le dan los
comerciantes.
“Es muy importante evaluar esta problemática para evitar que se siga presentando este desequilibrio, que termina perjudicando no solo al comercio sino a los consumidores. Aunque la intención del nuevo marco regulatorio es aumentar la competencia, con lo que se esperarían mejores tarifas, esto aún no ha sucedido en la práctica”, afirmó Cabal Sanclemente.
El aumento de las adquirencias, término con el que se le conoce técnicamente al costo que debe cubrir el comerciante por el uso del datáfono o una terminal proporcionada por la empresa adquirente; oscila entre el 20% y el 40% en el sector financiero, lo que resulta lesivo para los esfuerzos del Gobierno por estimular la bancarización y la formalidad.