La Contraloría General abrió proceso de responsabilidad fiscal por $942 mil millones contra 8 exdirectivos de Reficar. Entre los vinculados al proceso están tres de sus expresidentes: Reyes Reynoso Yánez, Amaury De la Espriella y Adolfo Tomás Hernández (en calidad de encargado).
La investigación asciende a una cuantía de 942.795 millones de pesos, por el supuesto “daño al patrimonio del Estado representado en gastos efectuados por la Refinería de Cartagena por fuera del periodo de inversión (Capex) y llevados como asociados al proyecto de modernización de la planta de junio a diciembre de 2015 (US$ 9’240.927 ) y de los años 2016, 2017 a 2018 (US$ 12’447.618), en los cuales no se distingue cuál fue su destinación ni su destinatario”.
La Contraloría recuerda que Reynoso Yanes inició su presidencia en noviembre de 2012, tres años antes de que el presidente Juan Manuel Santos cortara el listón del renovado Reficar. El ente de control fiscal advierte que las irregularidades habrían comenzado en 2009, cuando los costos hundidos del proyecto ya sumaban US$ 336 millones y, no obstante, contaban con un tope de US$ 305 millones.
La Refinería de Cartagena inició su ampliación en 2007 y se inauguró en octubre de 2015, con un retraso en su entrega de 27 meses, que generó un lucro cesante de $1.936 millones, como indicó la Contraloría en 2016. Aunque originalmente contó con el respaldo de la empresa suiza Glencore International A.G. –que en un primer momento tuvo el 51 % de Reficar– y Ecopetrol (49 %), en 2009 Glencore se retiró por cuenta de la crisis económica mundial de la época, quedando Ecopetrol con el 100 % de la sociedad.
De igual manera, dice la Contraloría, fueron aprobados como financiación de la Refinería MUSD 268.71 que, dentro de las cuentas asociadas al proyecto en el cual se registraron la totalidad de las erogaciones realizadas en el periodo de ejecución del mismo y en los posteriores, no se encuentran reflejados en su ejecución y gasto.