Después de dos años y medio de investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que el número de víctimas de ‘falsos positivos’ sería de 6.402 entre 2002 y 2008: una cifra casi tres veces mayor a la reportada por la Fiscalía, que habla de 2.248 casos en un periodo mucho más extenso, de 1988 a 2014.
Ese reporte, revelad la semana anterior, no solo revivió el horror y la indignación por esa macabra práctica ilegal, sino que encendió un fuerte debate en torno a cómo se llegó a esa cifra.
El número inicial reportado por la Fiscalía fue el que la JEP adoptó al abrir el macrocaso 03 (‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’), en julio de 2018.
Pero desde entonces, señalaron fuentes en la JEP, el tribunal de paz ha escuchado las versiones de 325 personas vinculadas al proceso, y ha analizado y depurado las cifras contenidas en los informes remitidos por parte de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos (plataforma que agrupa a 285 organizaciones de derechos humanos).
Y, tras unificar los registros duplicados, la jurisdicción encontró que las víctimas serían, al menos, 6.402. Aunque el mismo tribunal reconoce que esa cifra no es definitiva y podría variar según el avance de las investigaciones.
Mientras que para las víctimas el nuevo consolidado no es novedoso –de hecho, algunas organizaciones aseguran que podrían ser más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales–, en organizaciones afines a las Fuerzas Militares y algunos sectores políticos la cifra de la JEP fue fuertemente cuestionada.
Aunque en el auto no se menciona al expresidente Álvaro Uribe, la polémica surgió porque el periodo priorizado por la JEP cubre seis de los ocho años en los que estuvo en el poder del exmandatario. Uribe se pronunció una vez se conoció el informe y dijo que el mismo tiene “un sesgo” para “desacreditar” su gobierno.
Al tiempo, 16 organizaciones de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares emitieron un comunicado conjunto, en el que expresaron su rechazo al pronunciamiento de la JEP y señalaron que la información expuesta “afecta de manera grave el honor y el buen nombre institucional”.