Hoy se conmemora una jornada más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, una jornada en la que cada año se muestran alcances para contrarrestar los maltratos, pero hasta el momento han sido insuficientes para que erradicar la práctica.
La violencia basada en el género constituye una violación a los derechos humanos a la igualdad y la libertad de las mujeres que limita su acceso a recursos y oportunidades de desarrollo.
Es una problemática social que se enmarca en un “continuum” que se exacerba en contextos de conflicto armado (y delincuencial)
Está asociada a arraigadas concepciones sobre el significado individual, familiar y social de la masculinidad y la feminidad así como sobre los roles asignados a cada género, por lo que implica un cambio cultural estructural que hace necesario un abordaje multisectorial e interdisciplinario que involucre tanto a las mujeres como a los hombres.
Se presenta en un contexto de desigualdad estructural para las mujeres en cuanto a menores posibilidades de acceso a recursos, autonomía económica y participación en la vida pública, lo que implica un enfoque multidimensional en su atención.
Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia (INMLCF) en el 2014 fueron asesinadas 1.007 mujeres, se registraron 37.881 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja y 16.088 casos de violencia sexual fueron contra mujeres, el 86% del total de las víctimas de este delito, siendo además las niñas y las adolescentes las principales afectadas por esta forma de violencia. La persistencia de la violencia contra las mujeres se explica por hallazgos de estudios, como el de la Segunda Medición sobre Tolerancia Social e Institucional a la Violencia Basada en Género presentado por Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, según el cual un 45% de las personas encuestadas opina que “las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta”.
Pese a estas alarmantes cifras, la violencia contra las mujeres y las niñas es evitable, puede y debe prevenirse y por tanto debe ser una prioridad en la nueva agenda mundial de desarrollo. Se ha avanzado en legislaciones y normativas robustas para evitarla, sancionarla y erradicarla, pero ahora se deben sumar esfuerzos para implementar estas leyes y transformar los imaginarios que la permiten.
El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los acuerdos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en especial a través de sus recomendaciones generales núm. 12 y 19, de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, de Belém do Pará.
La erradicación de la violencia contra las mujeres contribuye indefectiblemente a sociedades más productivas y con mejores índices de desarrollo, en tanto se disminuyen los enormes costos sociales y económicos que todas las formas de violencia implican para las personas, familias, comunidades y sociedades.