El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó el Módulo de control social para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, con el cual se busca fortalecer las competencias tanto de esa población, como de cuidadores y organizaciones de y para la defensa de sus derechos.
«Las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y organizaciones pueden ejercer el derecho a vigilar y controlar la gestión pública y las obligaciones de las entidades para la garantía de sus derechos, además tienen la posibilidad de hacer seguimiento a los recursos. Como sujetos de derechos las personas con discapacidad tienen la capacidad de exigir el goce efectivo de los mismos mediante el control social», anotó el director de Función Pública, Fernando Grillo.
El documento busca también concientizar a las entidades del Estado para que creen medidas e instrumentos que permitan a las personas con discapacidad participar de manera equitativa en la vida económica, cultural, laboral, deportiva, política, social y educativa del país.
Ley 1618 de 2013 señala que las entidades públicas nacionales, departamentales, municipales, distritales y locales son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, además la Ley 1346 de 2009 por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”, incluye el compromiso de Colombia para asegurar que todas las políticas, planes y programas garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos.
«Esperamos con la guía darles herramientas para que puedan hacer seguimiento a los programas, los puedan revisar y puedan participar en las diferentes etapas de la construcción de políticas; que estén involucrados y sean consultados», agregó el director de Función Pública.
Con el Módulo que fue planeado y redactado desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Consejería para la participación de personas con discapacidad, se espera que las personas con discapacidad aprendan los nueve pasos para ejercer el control social cualificado identificando con claridad el objeto o tema de vigilancia, la entidad responsable y los derechos que deben garantizarles, los procesos organizativos para convocar y conformar las veedurías, la forma de evaluar, recoger información y hacer seguimiento a sus peticiones y recomendaciones de mejora.
El documento tiene una explicación amplia sobre las competencias del saber, hacer y del ser indispensables para que el control social que ejerzan tenga resultados efectivos.